La Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa) ha abierto el plazo para que los inquilinos de sus inmuebles puedan solicitar las ayudas del denominado protocolo de protección a familias con pocos recursos, que permitirá que estos vecinos puedan afrontar los gastos del alquiler gracias a la aportación que realiza para ello la Delegación de Bienestar Social y Empleo de la capital.
Según han informado fuentes de la empresa pública a Europa Press, la aportación municipal para estos inquilinos, que han de cumplir una serie de requisitos para acceder a las ayudas, como estar empadronado o tener todos los suministros en regla, ha ido creciendo en los últimos años, teniendo en cuenta que en 2017 ascendió a 532.000 euros la aportación de Bienestar Social y a 900.000 euros en 2018, previendo que en 2019 esta cantidad vuelva a ser superada. De hecho, en las dos semanas en las que lleva abierto el periodo para acceder a estas ayudas, ya se han presentado solicitudes por valor de 55.000 euros.
Sin embargo, cabe recordar que, aunque para solicitar estas ayudas se tienen que cumplir una serie de requisitos, también hay otras para quienes, por ejemplo, no cuentan con los suministros abonados al día o para inquilinos de viviendas privadas, unos fondos que provienen igualmente del departamento dirigido por Juan Manuel Flores (PSOE).
En concreto, las ayudas de este protocolo de protección a familias con pocos recursos, tramitadas en coordinación con Emvisesa y los centros de Servicios Sociales, se dirigen a familias o unidades de convivencia inquilinas o cesionarias legales de viviendas u otros alojamientos titularidad de esta empresa municipal o gestionados por ella.
Los solicitantes deben ocupar legalmente la vivienda que ha de ser su domicilio habitual y permanente, cumpliendo la normativa de viviendas protegidas; no encontrarse sancionado por la no ocupación de la vivienda o por infracciones muy graves recogidas en el Protocolo de Convivencia de Emvisesa; tener los suministros --agua, electricidad, gas-- contratados legalmente y encontrarse todos los miembros de la unidad familiar o de convivencia empadronados en la vivienda arrendada.
Asimismo, los solicitantes han de ser usuarios de los Servicios Sociales Municipales, hallarse en situación de riesgo o exclusión social y reunir los requisitos establecidos en el programa de ayudas económicas complementarias del Área de Bienestar y Empleo para la anualidad correspondiente. Los requisitos serán comprobados por el Centro de Servicios Sociales, donde esté siendo atendida la familia solicitante, o por la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV).
Las personas que quieran acogerse a este protocolo habrán de presentar en la OMDV, solicitando cita previa, los impresos que se pueden encontrar en la web de Emvisesa o en sus dos sedes físicas, junto a las tres últimas facturas de luz y agua o de los meses que lleve entregada la vivienda; justificantes de la matrícula del centro escolar, si se tienen menores escolarizados, y el certificado de "deuda cero" con la comunidad por parte de la administración de fincas a la que pertenezca la vivienda o del presidente de la comunidad.
Desde Emvisesa se indica que entre mayo de 2015 y diciembre 2018 se han abonado un total de 2,5 millones de euros en ayudas a inquilinos de Emvisesa, 923.008 euros en concepto de renta social y 1,5 millones de las ayudas del protocolo de protección a familias con pocos recursos, que han sustituido a la de renta social.
Tal como explica, la renta social consistía en un descuento que Emvisesa realizaba en el recibo de la renta de alquiler a las familias que no podían abonarlo, pero en marzo de 2017 fue sustituida por los programas de ayudas a familias con pocos recursos en los que Bienestar Social es quien, en coordinación con Emvisesa y la OMDV, estudia la situación socioeconómica de la familia y le presta una ayuda para hacer frente a las deudas de alquiler contraídas.
De hecho, se señala que los programas de ayudas a familias con pocos recursos han servido para ayudar, desde marzo de 2017, con más de 1,5 millones de euros a familias inquilinas de Emvisesa en exclusión social o en riesgo de padecerla.
