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Miércoles 27/11/2024
 
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Huelva

Piden 2 años de cárcel por demoler un edificio municipal en Huelva

La 'Casa Duclós', ubicada en el Parque Moret, estaba destinada a ser Centro de Interpretación Arqueológica

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  • Parque Moret. -

La Fiscalía de Huelva ha solicitado dos años de prisión para la expropietaria de la conocida como 'Casa Duclós', un edificio perteneciente al patrimonio municipal, ubicado en el Parque Moret, pulmón verde de la ciudad, y que estaba destinado a ser su Centro de Interpretación Arqueológica, por demolerla ilegalmente en 2017.

Acusada de un delito de daños en bien de dominio o uso público o comunal, la expropietaria del inmueble llevó a cabo la demolición el 8 de julio de 2017, dos días antes del día en que estaba previsto llevarse a cabo el lanzamiento.

El edificio no era suyo desde que en 2005 el Ayuntamiento levantara acta de expropiación y firmara acta de ocupación y pago iniciándose un período de pleitos judiciales que se prolongó durante doce años.

El escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, solicita para esta mujer -que se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 15 de enero-, además de la pena de cárcel, el pago de una multa de 15.000 euros.

Además, entiende el fiscal que en materia de responsabilidad civil la acusada debe de pagar una indemnización al Ayuntamiento de 433.124,09 euros -418.648,47 euros por el valor de reposición del inmueble derribado y 14.475,62 euros por los gastos derivados de las labores posteriores a la demolición-.

La parcela en la que se incluía la Casa Duclós tiene una superficie de 8.693,18 metros cuadrados y está calificada como dotacional en el Plan Parcial número 2, correspondiente al Parque Moret; unos terrenos considerados de propiedad municipal desde la firma del Acta de Ocupación y Pago realizada el 17 de febrero de 2005, como resultado de una expropiación urbanística.

Desde entonces la ya expropietaria, debido a una sucesión de pleitos judiciales, llevó a cabo una ocupación ilegal, que prolongó durante unos doce años en los que se les requirió su desalojo en varias ocasiones.

No fue hasta mayo de 2017 cuando la acusada firmó un compromiso de desalojo voluntario en dos meses, pero dos días antes de entregar voluntariamente las llaves del inmueble al Ayuntamiento contrató a una empresa que procedió a su demolición total.

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