En dicha orden se contempla el reparto de un total de 153.766 euros entre los 14 municipios onubenses que se consideran receptores de inmigración, siendo el que más recibe Cartaya, con 34.985 euros y el que menos, Lucena del Puerto con 6.131 euros. A Palos le ha correspondido, según los criterios utilizados por la Junta, 7.012 euros, siendo uno de los municipios que menos dinero va a percibir a pesar de tener una larga y acreditada experiencia en la acogida de inmigrantes, según manifiesta el primer edil.
Por encima de la localidad palerma se sitúan municipios como Almonte que recibirá casi 10.000 euros, Bollullos del Condado, que recibirá casi 8.000, Huelva (13.974), Isla Cristina (10.918), Lepe (12.238), Moguer (9.394), Rociana (12.530) y San Bartolomé de la Torre (9.967).
Por debajo de Palos tan sólo se sitúan Aljaraque, Ayamonte, Bonares y Lucena. La media es de 10.983 euros, un 36% superior a la asignación que le han otorgado Empleo al municipio palermo.
Carmelo Romero, a pesar de comprobar que la orden recoge indicadores y fórmulas de reparto que se basan en la presencia de la población inmigrante, la población total, la valoración del uso por parte de los municipios de subvenciones anteriores para temas de inmigración, la superficie etc.; considera que el resultado es claramente discriminatorio para Palos.
El primer edil sospecha que se ha diseñado una fórmula a la medida para que el resultado sea el políticamente deseado y, por tanto pide que sea revisada y subsanada.
“A estas alturas nadie duda, ni en la Junta ni en los municipios agrícolas, que son en esta provincia los que reciben población inmigrante, la importancia de Palos, su trascendencia, su experiencia y, su peso en el sector agrícola de Huelva y por ende en la acogida de inmigrantes”, dice el alcalde de Palos. “Y nadie entiende, prosigue el edil, como Bollullos, Almonte o San Bartolomé, por cierto municipios todos gobernados por el PSOE, pueden recibir más fondos, para dar respuesta a sus necesidades en materia de inmigración, que Palos”. También llama poderosamente la atención la cantidad que recibe Cartaya, que supone casi un 23% del total, siendo Juan Antonio Millán vocal de la Comisión de Inmigranción de la FAMP.
Con esta orden, según la Junta, se pretende dar cumplimiento a los objetivos previstos en el estatuto de Autonomía y promoviendo actuaciones específicas y reforzando los servicios públicos necesarios en los lugares con mayor presencia de población inmigrante para asegurar la prestación de los mismos en condiciones de calidad al conjunto de la población. Todo ello, en el marco del II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, que ha sentado las bases de un modelo participativo y global de intervención dirigido a conseguir una verdadera integración de las personas inmigrantes en nuestro territorio, sin olvidar a la sociedad de acogida y los cambios que se están produciendo en la misma.
La ejecución del Fondo Autonómico de Inmigración se operará por medio de actuaciones que, siendo autónomamente determinadas por cada municipio perceptor a través de un Plan de Acción, encajen dentro de las líneas de actuación que el II Plan Integral contempla para las Corporaciones Locales y el Protocolo de Colaboración entre la Consejería de Empleo y la FAMP.
