Ana Rojas, portavoz de Podemos, ha mostrado la satisfacción de la formación por la aprobación de la construcción del Centro de Baja Exigencia Municipal en la Comisión Especial de Reconstrucción, “una reivindicación que llevamos haciendo un año como condición para aprobar la investidura de la alcaldesa y que hasta ahora no se ha decidido y que recogimos de los colectivos y entidades sociales que trabajan a diario con personas sin hogar”.
Rojas ha señalado que a partir de ahora “hay que trabajar en la cooperación para poner en marcha el centro y tener especial atención en servicios como salud mental, servicios sociales o la vivienda pública para que sea un servicio totalmente integral”. También insistió en la comisión que hay que mejorar el convenio de colaboración –cifrado en 93.000 euros anuales- con el actual centro de acogida, la Casa-Hogar Federico Ozanam, gestionado por la Sociedad San Vicente de Paúl, para ampliar los servicios.
La comisión, dedicada exclusivamente el jueves pasado a medidas de protección social, también se comprometió a revisar y estudiar la mejora de los requisitos para acceder a las ayudas sociales municipales, mejorando así la cobertura municipal. “La aprobación del Ingreso Mínimo Vital por parte del gobierno central permitirá también que las ayudas sociales se extiendan a quienes hasta ahora no llegaban”, señala Rojas.
La entrega a familias más vulnerables de material de refuerzo escolar para este verano y también para comienzo del curso también estarán en el texto definitivo de la Comisión de Reconstrucción tras su aprobación el jueves, como la campaña informativa para acceder a las ayudas sociales, la ampliación de los encuentro de la Mesa social y del tercer sector, la constitución de la Mesa de Cooperación para coordinar las ayudas de alimentos, ampliar la teleasistencia, la creación de la Oficina de Defensa del Inquilino a través de ESISA, la mediación del Ayuntamiento en los casos de desahucios o la aprobación de prohibir los cortes de luz y agua a las familias sin recursos.
La exención de los alquileres de vivienda pública quedó pendiente de la aprobación de la subvención municipal, mientras que otras medidas para estudiarsu aplicación son la contratación de la segunda psicóloga para mejorar la asistencia a las víctimas de violencia machista, la bonificación del transporte público para personas desempleadas o el registro de viviendas desocupadas.
Queda fuera de estos acuerdos la ampliación del gasto social corriente un 100%, a pesar de que ahora sea esencial potenciar los servicios sociales y públicos en una ciudad con un gasto de 40 euros por persona, cuando la media estatal está en 70 euros.
Para esta semana quedan pendientes las medidas económicas de la comisión, “donde esperamos sacar adelante las 22 medidas que hemos registrado para incentivar la economía local y el turismo”.
