La Fiscalía de Málaga ha archivado las diligencias de investigación preprocesales iniciadas sobre el Centro Asistencial Santa Isabel de Puerto de la Torre, en Málaga capital, tras el fallecimiento de 13 residentes durante la pandemia, al no ver indicios de una actuación negligente o inapropiada por parte de los responsables o personal de la residencia.
Así lo han informado fuentes fiscales a Europa Press, apuntando que en estas diligencias, abiertas de oficio a raíz de las informaciones publicadas, se ha contado con informes de la Delegación Territorial de Salud, del Servicio de Inspección, del centro y de la Policía Nacional, además de que se tomó declaración al gerente de la residencia ubicada en la zona de Puerto de la Torre.
En el periodo investigado, se produjo el fallecimiento de 13 residentes, de ellos siete ocurren tras el traslado al hospital y en estas personas se detectó presencia de coronavirus; mientras que de los seis fallecidos en el propio centro, solo en uno de ellos se confirmó la presencia de COVID-19, según las informaciones recabadas por la Fiscalía.
Dicho centro está inscrito en los registros correspondientes y cuenta con las autorizaciones administrativas de funcionamiento. En abril tenía 41 empleados de su plantilla, seis de ello de baja por contagio de COVID-19 y otros tres por otros motivos, pero en los informes se concluye que dispone de personal suficiente para garantizar la adecuada atención, señalan las fuentes.
Además, se especifica que las condiciones higiénico sanitarias y la calidad asistencial "son adecuadas", contando con un plan de contingencia y estando sectorizado para mantener el aislamiento de las personas con síntomas. Las fuentes han indicado que en los informes se constata que se hizo seguimiento telefónico y telemático sobre el centro desde marzo.
En este sentido, en los distintos informes se indica, según la Fiscalía, que hay una "excelente atención y disposición" por parte del personal y se contaba con los medios adecuados para prevenir el virus; funcionando "sin dificultades"; y, aunque se recomendaba hacer tests y presentaba escasez de EPI, se le dotó con más de 2.000 mascarillas, 2.700 guantes, batas y solución alcohólica, así como medicamentos.
Ante todo esto, se acuerda el archivo de las diligencias, "al no apreciarse existencia de indicios de una actuación negligente o inapropiada" por parte de la residencia que pudiera haber llevado a aumentar el riesgo de fallecimiento de residentes, cuyo traslado a centros hospitalarios se ajustó "a las indicaciones por parte de la autoridad sanitaria" y que contaron con la debida atención sanitaria y asistencial por parte del personal del centro.
