Los familiares de los marineros fueron informados de la situación procesal de los dos detenidos y de las gestiones del Ejecutivo para liberar a la tripulación del atunero en sendas reuniones mantenidas con el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, y con el del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al término de las cuales declinaron hacer declaraciones.
Ese mutismo, que contrasta con la actitud que las familias mantenían hasta ahora, unido a los llamamientos a la discreción y la prudencia hechos este lunes por Zapatero y ayer por otros miembros del Gobierno, puede ser interpretado como una señal de que se está ultimando la salida jurídica que permita satisfacer la demanda de los piratas de que España devuelva a sus dos compañeros.
La solución podría ser la apuntada por el abogado de uno de ellos, Francisco Javier Díaz Aparicio, que ha pedido que se aplique el artículo 57.7 de la Ley de Extranjería –previsto para los procesados o inculpados por delitos castigados con menos de 6 años de prisión– y el juez acuerde la expulsión de su representado y del compañero de éste en un plazo máximo de tres días.
Consciente de que los delitos de los que se acusa a los dos somalíes –asociación ilícita, detención ilegal y uso de armas– llevan aparejadas penas muy superiores, el letrado, que representa al joven Abdu Willy, ha sugerido que sean considerados cómplices y no autores de los mismos, lo que supondría un castigo más leve.
Fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional creen poco factible esta salida, especialmente si no recibe el apoyo de la Fiscalía, queayer por la mañana evitó comprometerse con Díaz Aparicio, quien interpreta que el fiscal de la Audiencia “no tiene capacidad de decisión y espera las instrucciones de la Fiscalía General del Estado, que depende del Ministerio de Justicia”.
Sea o no ésta la solución en la que trabaja el Gobierno, lo cierto es que el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, tuvo ayer que negar públicamente que el Ejecutivo haya encargado a Díaz Aparicio la defensa de Abdu Willy en sustitución del abogado de oficio que le representaba hasta ahora.
También el letrado fue interrogado sobre esta cuestión y declinó responderla tras decir que entendía “el interés informativo” de la misma.
Moratinos, que compareció ante los medios tras una nueva reunión de la Comisión de Coordinación de seguimiento sobre el secuestro, anunció que el Gobierno somalí se ha comprometido “a redoblar” sus esfuerzos para lograr la liberación de la tripulación del pesquero, de la que dijo que se encuentra “bien”.
Antes de la reunión, la ministra de Defensa, Carme Chacón, había insistido en que el Gobierno y cientos de funcionarios civiles y militares están redoblando esfuerzos “dentro del margen” de las leyes para conseguir “cuanto antes” la liberación del Alakrana.
Tampoco dio pistas sobre la posible solución el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que pidió “no tratar de ventilar con altavoces cómo organismos independientes del Estado van a aplicar las leyes”, en referencia a la salida jurídica que la Audiencia Nacional vaya a dar al caso.
El PP expresó ayer su apoyo a las gestiones del Gobierno, aunque la portavoz parlamentaria del principal partido de la oposición, Soraya Sáenz de Santamaría, precisó que ese respaldo hace que el Ejecutivo tenga un plus de responsabilidad.
Más crítico se mostró el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, que dijo que se hace “cruces” sobre “cómo se puede llegar a esta situación de falta de previsión del Gobierno español” y expresó su “preocupación” por la situación de los secuestrados.
Mientras tanto, fuentes del Ministerio de Defensa anunciaron el traslado en “los próximos días” a las Islas Seychelles de 71 agentes de seguridad privada, junto con el armamento militar correspondiente, que se embarcarán en los atuneros españoles que faenan frente a las costas de Somalia.
