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Norte Sindical para la Educación Pública Pandémica 1

Algo más allá de actos públicos para mostrar la problemática, denuncias en las Inspecciones de Trabajo, en los juzgados… Porque ¡algo eficaz habrá que hacer!

Publicado: 27/01/2021 ·
11:09
· Actualizado: 27/01/2021 · 11:14
Autor

Rafael Fenoy

Rafael Fenoy se define entrado en años, aunque, a pesar de ello, no deja de estar sorprendido cada día

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En este blog se pretende compartir análisis, reflexión y algo de conocimiento contigo persona lectora

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Artículo Estrategia Sindical en la Educación Pública

 

Enunciar situaciones que se entienden problemáticas es un paso, pero se precisa dar otros, si de transformar la realidad se pretende.  ¿Qué es lo que hacen los sindicatos en el ámbito de la enseñanza?  Todos atienden los asuntos que afectan individualmente a las personas a ellos afiliadas.  Y evidentemente este es un papel necesario, sobre todo cuando hace tiempo descartaron incidir sobre las causas reales que provocan la existencia de esos asuntos. Algunos, además, sintonizan con los objetivos de las administraciones públicas, patronos reales, del personal contratado a “su servicio”.  Bien por convencimiento ideológico, bien por conveniencia al firmar acuerdos que les dotan de mayores recursos personales y económicos, se aprestan tanto a defender públicamente las medidas políticas que se adoptan, como a “denunciarlas de boquilla” obstaculizando,  al mismo tiempo, la unidad de acción sindical para hacer inviable  una respuesta contra algunas de ellas.  Doble juego enfocado exclusivamente desde la perspectiva de afianzar el “poder”, ilusión absurda, que se supone se adquiere con la representatividad alcanzada en elecciones sindicales.  ¿Qué poder tienen los sindicatos que se auto denominan “mayoritarios”?  Visto lo visto, NINGUNO. 

Las administraciones públicas, parasitadas por los políticos, imponen su lógica política a espaldas de las personas que trabajan, no para ellas, sino para el bien estar de la ciudadanía. El bastardeo de fines se produjo ya en los primeros compases de esta inacabable transición hacia una democracia inexistente, de momento. Los políticos que asumieron el control de las administraciones públicas las pusieron a trabajar para sus propios fines políticos. A las personas que realmente saben, porque trabajan día a día para servir a la ciudadanía, se les ningunea. 

El sindicalismo denominado minoritario hace tiempo se atascó en el laberinto de las medias ineficaces porque, a fuerza de no utilizar adecuadamente las herramientas de lucha sindical, han llegado a la conclusión de que estas son ineficaces. Han entrado en un bucle en el que justifican no aplicar la presión sindical porque ¡cómo no funciona! No llegan a pensar que pudieran no funcionar porque no las aplican correctamente. Una de estas herramientas es la Huelga, que se sigue concibiendo desde la perspectiva del S XIX. La evolución de la “clase trabajadora” muestra una amalgama de intereses individuales difíciles de acrisolar, sobre todo cuando nunca se ejerce el poder coercitivo que toda Huelga debe conllevar y menos entre el funcionariado público. Si además se analiza que la paralización de la actividad en las administraciones públicas no generan ningún problema a la patronal política, es evidente que hay que redefinir el uso de este importante recurso en la lucha sindical.

 Judicializar los asuntos, tampoco es eficiente, conlleva tiempos de esperas muy largos, ineficaces, porque el tiempo siempre juega a favor de unos políticos que ya descubrieron como utilizar el engaño de “recurran Vds.”.  En todos los ámbitos judiciales se cuecen habas, pero en el del contencioso administrativo, se cuecen muchas otras cosas.

De ese conjunto de sindicatos “minoritarios”, al menos algunos, además de resolver problemas particulares, miran más allá y entienden que su actividad está directamente relacionada con la defensa del bien común.  Por tres motivos sustanciales: Primero, porque esa defensa del bien común genera un marco de justicia e igualdad en el que muchos de los problemas particulares no se generarían. Segundo que la defensa de un sistema de titularidad pública en materia educativa o sanitaria es garantía de derechos y de igualdad de oportunidades, sin discriminaciones por la situación económica de quienes deben utilizarlos. Tercero porque con la igualdad de derechos laborales entre todo el personal que presta servicios a la ciudadanía se erradican las discriminaciones a las que se somete a todos, incluido el personal interino.

 Pero este pequeño grupo de sindicatos aún no ha encontrado la estrategia para que su defensa de lo público y de los derechos laborales de todas las personas trabajadoras sea útil, asistiendo de momento impotentes a la progresiva desintegración de estos servicios públicos esenciales.  Hasta el momento se proponen concentraciones, actos públicos para que personas usuarias y trabajadoras muestren a la ciudadanía la problemática existente, se presentan denuncias en las Inspecciones de Trabajo, en los juzgados en ocasiones, incluso se convocan huelgas “tradicionales” de un día o de varios.  Estas acciones se muestran ineficaces por lo que es preciso reformular las estrategias. Porque ¡algo eficaz habrá que hacer!

Rafael Fenoy Rico

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