La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha anunciado la creación de un grupo de trabajo que abordará de manera integral la situación ambiental en la barriada Guadalquivir de Coria del Río. La primera reunión se celebrará el 13 de marzo en la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Sevilla, con la participación del Ayuntamiento de Coria del Río, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Emasesa, Aljarafesa y distintas delegaciones territoriales. La iniciativa responde al compromiso adquirido con los vecinos afectados y a la Proposición no de Ley aprobada en el Parlamento andaluz en febrero de 2024.
El origen del problema se remonta a 2017, cuando se activó una alerta sanitaria debido a la fuga de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones. Desde entonces, la Junta ha impulsado diversas actuaciones para mitigar la contaminación, iniciando un proceso de recuperación voluntaria de los suelos en 2021. Sin embargo, la persistencia de contaminantes en la zona, ubicada sobre la masa de agua subterránea Aluvial del Guadalquivir-Sevilla, ha complicado la eliminación total del impacto ambiental, lo que ha generado críticas por parte de los vecinos.
La creación del grupo de trabajo busca coordinar esfuerzos entre las distintas administraciones y establecer un marco de colaboración que permita un seguimiento detallado de las actuaciones. La Junta ha asegurado que se garantizará la transparencia en la gestión de la situación, informando a la ciudadanía sobre los avances y decisiones adoptadas. Además, se elaborará un plan de acción con un calendario de reuniones periódicas para evaluar los progresos y definir nuevas medidas si fueran necesarias.
Paralelamente, sobre el caso pesa una investigación penal y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, a finales de 2024, ordenó al Ayuntamiento de Coria del Río reactivar la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados. El fallo confirmó la existencia de contaminantes en la zona y su afectación a las viviendas cercanas, aunque no accedió a las peticiones vecinales sobre realojos o indemnizaciones, decisión que el colectivo afectado ha recurrido.
La Junta de Andalucía ha reiterado su compromiso con la búsqueda de soluciones definitivas para evitar cualquier riesgo ambiental o sanitario en la barriada. A través del nuevo grupo de trabajo, se pretende reforzar la cooperación interadministrativa y garantizar que las intervenciones sean efectivas y respetuosas con el equilibrio ecológico de la zona.
