La Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental ha ordenado la paralización de las obras de urbanización de 49,4 hectáreas en el paraje de Las Cumbres, en Huércal de Almería, donde la promotora demolió en julio el acueducto del Canal de San Indalecio, ya que el proyecto fue aprobado por el Ayuntamiento "sin el preceptivo informe favorable" y la ejecución se inició "sin contar con la autorización" de la Dirección General de Carreteras.
La resolución, de fecha 4 de octubre, indica que las obras de urbanización, que han generado un importante movimiento en contra de colectivos patrimonialistas y ecologistas, afectan a la zona de protección de la Autovía del Mediterráneo (A-7) y a uno de los enlaces de esa vía, y remarca que la aprobación se hizo con un informe favorable de 2008, que no es "válido" por el tiempo que ha transcurrido y por las modificaciones introducidas en la legislación aplicable.
Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España (Mitma) han apuntado a Europa Press que se ha solicitado al Ayuntamiento de Huércal de Almería, como requerimiento previo a la adopción de la vía contencioso-administrativa, que anule el acuerdo de 30 de junio de 2021 de junta de gobierno que aprueba definitivamente el proyecto de urbanización del Sector SRT1 y la Calificación ambiental, pero el consistorio ha trasmitido que "no tiene intención" de anular el citado acuerdo.
Paralelamente, se ha incoado un expediente sancionador a la empresa promotora y, a la vista de la respuesta del ayuntamiento huercalense al requerimiento, la Abogacía del Estado está estudiando las alternativas que pasan, entre otras, por emprender la vía contencioso-administrativa.
Las mismas fuentes han precisado que las actuaciones "realizadas y que se realicen" en torno a este enclave "tienen que ser siempre de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente en ese momento" con el objetivo "de proteger la seguridad viaria y el patrimonio viario de todos los ciudadanos".
Cabe recordar que un juzgado de lo Contencioso-administrativo ha admitido a trámite un recurso de Ecologistas en Acción contra este acuerdo de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Huércal de Almería que da vía libre a la urbanización de 49,4 hectáreas en Las Cumbres y donde la empresa promotora del proyecto demolió el pasado julio parte el acueducto conocido como el Canal de San Indalecio.
El colectivo ecologista ha solicitado al juzgado que suspenda el citado acuerdo para "impedir a efectos prácticos" la ejecución de las obras y la concesión de licencia y, en una diligencia de ordenación, el juez dio diez días al consistorio para que presente alegaciones a la adopción de la medida cautelar.
Ecologistas en Acción traslada ya solicitó en julio la suspensión para asegurar la protección del interés público y, entre otros, el ramal del Canal de San Indalecio que cruza la finca, pero que el Ayuntamiento no le notificó la resolución desestimatoria hasta agosto, un mes después de que la promotora demoliese parcialmente el acueducto.
El colectivo considera que el estudio ambiental de la promotora que ha sido calificado favorablemente "ignora las características del territorio, no considera las especies de flora y fauna presentes entre las cuales cabe destacar la existencia de camaleones (Chamaeleo chamaeleon) y chapas (Iberus gualterianus), incluidas en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección".
"Ni siquiera se ha consultado la base de datos de la Rediam en la que se habría averiguado que se trata de un Hábitat Prioritario de interés Comunitario en estudio y al que ya se le debe dispensar alguna consideración especial", mantiene.
Por otro lado, en septiembre, la Fiscalía presentó denuncia ante el Decanato de los Juzgados de Almería después de que Amigos de la Alcazaba, Ecologistas en Acción, Grupo Ecologistas Mediterráneo (GEM) y Acuíferos Vivos pusiesen en su conocimiento la destrucción del acueducto de Las Cumbres.
En la argumentación de los denunciantes se indica que debería haber sido protegido con las normas subsidiarias del municipio y remarca que "la no existencia de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y su sustitución y simplificación por un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), incumple por tanto la normativa comunitaria y estatal y anula de pleno derecho el último proceso de revisión del PGOU, así como las actuaciones urbanísticas derivadas del mismo".
