Una juez de Almería ha condenado por coacciones y vejaciones a su exmujer al policía local que también se encuentra procesado por presuntamente consumir los servicios de menores prostituidas, en una causa en la que irán a juicio diez personas.
La sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 de Almería, que no es firme y a la que ha tenido acceso EFE, señala que el condenado tuvo una relación sentimental con la víctima durante ocho años, fruto de la cual ambos tienen una hija menor de edad en común.
Apunta que cuando finalizó dicha relación matrimonial, en octubre de 2022, cesó la convivencia. A partir de entonces, mientras se sucedían los trámites para acordar las medidas reguladoras del divorcio, el acusado se acercó a la vivienda familiar de manera reiterada para retirar utensilios de cocina, elementos de decoración o un televisor, entre otros enseres.
Además, entró en varias ocasiones a la vivienda para desconectar el termo y dio de baja la línea de teléfono de la víctima y la conexión a Internet de la casa.
Por otro lado, el policía envió mensajes de texto a la víctima en los que la instaba a irse de la casa porque era “suya y no de un parásito como ella”, entre otros, para “doblegar la voluntad” de la mujer de permanecer en el domicilio y conseguir que lo abandonase.
Asimismo, el 20 de octubre de 2020 se personó en la vivienda e inició una discusión con la víctima, a la que calificó de “sinvergüenza” y “choriza” con “ánimo de ofenderla”, aunque no ha quedado acreditado que en el transcurso de la riña le lanzara un manotazo para intentar quitarle el móvil cuando fue a grabar lo que ocurría.
Tampoco ha quedado probado que “el acusado controlara absolutamente todo lo que hacía (la víctima) ni que instalara cámaras de vigilancia en la vivienda para controlar cuando salía y si dormía o no en la vivienda”.
Por estos hechos ha sido condenado a 10 meses de prisión por un delito de coacciones leves en el ámbito de la violencia de género, que también conlleva una orden de alejamiento de 500 metros durante dos años, y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años.
También se le impone una pena de 10 días de localización permanente en domicilio “diferente y alejado de la víctima” y una orden de alejamiento de 500 metros durante cinco meses por un delito leve de vejaciones injustas. Finalmente, ha sido absuelto de un delito de maltrato y de otro de acoso.
El agente fue suspendido de forma provisional del servicio por el Ayuntamiento de Almería, que también ha incoado un expediente disciplinario contra él por la “gravedad de los hechos por los que ha sido declarado procesado y la alarma social que generaría" su mantenimiento en la situación de servicio activo”.
Según el auto de procesamiento de la otra causa, al que ha tenido acceso EFE, otra juez considera que existen indicios sobre los supuestos contactos que el policía realizaba por videollamada con la principal procesada y presunta proxeneta de los menores, hermana de una de las víctimas y amiga del resto.
Según la juez, se hacía pasar por agente de la Guardia Civil para contratar servicios de dos de las menores.
