El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha dirigido un escrito al alcalde de Níjar (Almería), José Francisco Garrido (PP), en el que le recuerda el deber de adoptar "con carácter urgente y preferente" medidas para valorar la situación de vulnerabilidad de las cerca de 50 personas, entre ellas nueve menores, que van a ser desalojados este martes de las infraviviendas que ocupan en el Cortijo El Uno, de titularidad privada.
En su resolución emitida este mismo lunes, consultada por Europa Press, la Oficina del Defensor realiza esta recomendación y pide al primer edil que preste "especial consideración" a las situaciones de "especial vulnerabilidad como puede ser las familias en las que se encuentran menores a cargo".
La oficina recoge la solicitud efectuada por el Servicio Jesuita a Migrantes, que pedía amparo ante la "situación de extrema vulnerabilidad" de las personas que van a ser desalojadas, las cuales ni tan siquiera han sido valoradas por los servicios sociales comunitarios de Níjar, de modo que tampoco se les ha ofrecido ningún recurso residencial.
Asimismo, el defensor solicita al alcalde que "con carácter inmediato" se coordine con las administraciones que considere competentes en la materia, para que con el ejecución del lanzamiento judicial se evite que "se queden en situación de calle las personas que vayan a ser desalojadas, priorizando las familias con menores".
Maeztu también han pedido que se implementen las actuaciones de coordinación y trabajo en red con las entidades y asociaciones que vienen prestando su colaboración los asentamientos de su término municipal, a los efectos de canalizar recursos que puedan dar respuestas a estas familias, "impidiendo la desprotección de las mismas".
"Esperamos confiadamente que estas recomendaciones puedan ser consideradas de manera inmediata", ha añadido el Defensor, que solicita que se dé cuenta de las soluciones que se adopten en el plazo no superior a un mes.
A pesar de que el asentamiento se encuentra en una finca privada, el Defensor ha apuntado que, al igual que sucede en otros municipios como Lepe en Huelva, "la mayoría de los asentamientos, se encuentran en fincas de propiedad privada, lo cual no ha impedido que en el municipio onubense, se están dando respuestas a las personas que se desalojan".
Del mismo modo, apela a los derechos de la infancia para instar medidas de protección dentro de las competencias municipales, dado que no se habrían arbitrado "las medidas adecuadas para la valoración y posibles respuestas de las familias con menores a cargo, una cuestión prioritaria y urgente" ante el inminente desalojo.
El Defensor ha apuntado en su propia resolución la labor que se efectúa desde el Ayuntamiento de Níjar de cara a erradicar los 32 asentamientos chabolistas con los que cuenta el municipio, algunos de ellos con personas que acumulan más de 15 años viviendo en infraviviendas.
No obstante, ha mostrado su preocupación ante la falta de respuesta de la administración local en este caso ya que, conforme le han indicado las entidades sociales que trabajan en la zona, nadie del Ayuntamiento de Níjar habría visitado el asentamiento ni se habría producido ningún tipo de reunión con la Mesa del Tercer Sector para abordar este asunto pese a conocer la existencia de, al menos, seis unidades familiares.
"El Ayuntamiento no ha planteado ninguna alternativa ni ninguna iniciativa, negándose incluso a considerar, argumentar o valorar las propuestas de las entidades sociales", han trasladado las ONG que trabajan en la zona, las cuales apuntan que no se ha previsto ningún alojamiento alternativo para los afectados.
