La
declaración de la renta 2024-2025 arranca el próximo 2 de abril y trae consigo una batería de
cambios fiscales que impactarán directamente en millones de contribuyentes. Desde
nuevas formas de pago, pasando por
modificaciones en los umbrales de ingresos, hasta ajustes en deducciones y beneficios poco conocidos, la campaña de este año exige más atención que nunca.
Una de las grandes novedades es que, por primera vez,
se podrá pagar la renta mediante Bizum o tarjeta bancaria, una opción que se suma a los métodos tradicionales como la domiciliación, NRC o el pago en oficinas. Esta medida fue anunciada por la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, y finalmente se incorpora en esta edición, buscando
facilitar los pagos a quienes tengan que ingresar dinero.
Además, entra en vigor un nuevo mecanismo para
corregir errores en la declaración: la
autoliquidación rectificativa. Este sistema sustituye al anterior modelo dual y permite al contribuyente modificar su declaración de forma más rápida y sin esperar respuesta administrativa.
En cuanto a la
obligatoriedad de declarar, los trabajadores autónomos y quienes perciban el
Ingreso Mínimo Vital seguirán obligados a presentar el IRPF. Pero hay un cambio inesperado:
los desempleados quedarán exentos este año, pese a que un decreto aprobado en 2023 los incluía como obligados. El Ministerio de Trabajo ha confirmado que
seguirán recibiendo su prestación aunque no presenten la declaración, aunque advierte de que
habrá que reformar la norma para evitar su entrada en vigor el próximo ejercicio.
En materia de ingresos, también hay ajustes:
el umbral para quienes tienen más de un pagador sube a 15.876 euros, frente a los 15.000 anteriores, en consonancia con el aumento del salario mínimo. Para quienes solo han tenido un pagador, el umbral sigue siendo de 22.000 euros.
La reducción por rendimientos del trabajo también mejora:
pasa de 6.498 a 7.302 euros anuales, un alivio para quienes tienen rentas más bajas.
Una de las polémicas del año gira en torno a los
jubilados mutualistas, quienes reclamaban la devolución del IRPF pagado en exceso. Aunque el Tribunal Supremo les dio la razón,
la Agencia Tributaria ha restringido las devoluciones: solo podrán reclamar lo relativo al ejercicio 2019 en esta campaña, y deberán esperar al año siguiente para solicitar la devolución de 2020, y así sucesivamente. Sindicatos como
UGT y CC OO han criticado la decisión por “arbitraria y discriminatoria”, y exigen una solución inmediata, aunque el Ministerio de Hacienda ha respondido que no tiene margen legal para modificar la situación por ahora.
Los afectados por la
DANA también recibirán un alivio fiscal. Las
indemnizaciones y ayudas por daños materiales no tributarán, salvo si superan el valor del bien dañado. Los
autónomos en zonas afectadas podrán aplicar una
reducción del 25% en el IRPF por módulos y en el IVA simplificado, y podrán optar por tributar por estimación directa simplificada sin cumplir los requisitos habituales.
Los
beneficios fiscales por donaciones también se amplían. Este año, el
80% de los primeros 250 euros donados a fundaciones u ONG será deducible, y de ahí en adelante, la deducción sube del 35% al 40% o incluso al 45% si se ha donado a la misma entidad durante dos años consecutivos. Además, se permite deducir la
cesión gratuita de bienes muebles o inmuebles a entidades sin ánimo de lucro.
También se prorrogan las
deducciones por eficiencia energética y movilidad sostenible. Las obras para mejorar la eficiencia energética de viviendas seguirán contando con beneficios fiscales. Asimismo, se mantiene la
deducción del 15% para la compra de vehículos eléctricos (hasta 20.000 euros de base) y para la
instalación de puntos de recarga (hasta 4.000 euros anuales).
En cuanto al
alquiler de viviendas, los cambios en la ley de vivienda afectan a los arrendadores. Para contratos firmados
antes del 6 de mayo de 2023, se mantiene una
reducción del 60% del rendimiento neto. Para contratos posteriores, la reducción baja al
50%, salvo en zonas tensionadas —por ahora, solo algunos municipios de Cataluña— donde se puede aplicar una
reducción del 90% si se ha bajado el precio del alquiler un 5%, y del
70% si se alquila a jóvenes o a entidades públicas.
Por otro lado,
Hacienda amplía su vigilancia a las plataformas digitales. Este año, se vigilarán los
movimientos en plataformas de compraventa como Wallapop si el usuario ha vendido
más de 30 productos o superado los 2.000 euros de ingresos en una misma plataforma, incluso si ha sido en una sola transacción. Este control pretende evitar la elusión de ganancias patrimoniales encubiertas.
Una de las grandes olvidadas cada año son las
deducciones autonómicas. En esta campaña, hay
más de 300 deducciones disponibles, aunque solo el 8% de los contribuyentes las aprovechan. El
ahorro medio estimado es de 270 euros, y se pierden hasta
9.000 millones en incentivos no aplicados. Estas deducciones
no aparecen en el borrador por defecto, por lo que es necesario
consultarlas expresamente.
Algunas comunidades han introducido novedades importantes: Madrid ha puesto en marcha la llamada
Ley Mbappé, que permite deducir el
20% de las inversiones realizadas por quienes establezcan allí su residencia fiscal por primera vez o tras cinco años fuera. Baleares ofrece deducciones por
empleos de difícil cobertura, Aragón por
clases de refuerzo, Murcia por
alta en internet, y Extremadura por
partos múltiples, entre otras.
Según un estudio de la plataforma Taxdown, casi un
80% de los contribuyentes desconoce las novedades fiscales de este año, el
70% no sabe que puede modificar declaraciones anteriores, y
8 de cada 10 ignoran la existencia de deducciones autonómicas. Todo ello convierte esta campaña en una de las más complejas e importantes de los últimos años.