La Junta de Andalucía ha planteado la creación de una nueva orden para regular el sistema de restauración derivado de las concesiones de explotación minera de la sierra de Macael (Almería) a fin de evitar el bloqueo en la actividad que realizan los canteros de la zona después de que, con el anterior Ejecutivo, se exigiera el pago de avales bancarios para garantizar la rehabilitación medioambiental de los yacimientos.
Fuentes del Gobierno andaluz han indicado a Europa Press que está prevista una reunión en las próximas semanas para abordar este asunto con el Ayuntamiento de Macael, que posee la titularidad de las canteras y recibe un canon por la explotación concesionada de las mismas, y los empresarios del sector liderados por AEMA, cuyos miembros recurrieron en su mayoría en vía administrativa la decisión adoptada por la Delegación Territorial de la Junta.
Hasta ahora la Junta había defendido la entrega de 11,3 millones de euros en avales bancarios para garantizar la restauración ambiental de la sierra, puesto que, a octubre del pasado año, únicamente se habían incorporado 346.000 euros bajo la fórmula de abono de canon por tonelada retirada, esto es, un tres por ciento del total del coste necesario para rehabilitar las explotaciones una vez finalice su uso.
Desde Almería se adoptó esta posición en base al artículo 42 del Real Decreto 975/2009, que exige la aportación previa de avales a la explotación de la mina, que cuenta con un rango superior a la Instrucción emitida por la Junta en 2015 por la que se dispuso el pago de un canon por tonelada de piedra extraída mediante un cálculo que tiene como referencia los 18 millones de euros, en los que se cifra el coste de reposición ambiental según el Plan de Restauración efectuado por el Ayuntamiento de Macael.
Los empresarios señalaron que el nuevo marco pretendido desde la Delegación que conducías las competencias de minas suponía una "asfixia económica" para el sector, por lo que recurrieron las resoluciones individuales que les instaban a dicho depósito e instaron a la Junta a reconsiderar su postura, ya que según sus estimaciones, esta cuestión podría acarrear la "pérdida de 1.200 empleos".
En este sentido, la ahora secretaria general de Industria, Energía y Minas, Natalia González, quien también abordó este asunto con el anterior gobierno, se comprometió en buscar "la mejor solución" para que los empresarios del mármol de Macael continuaran con la explotación de los yacimientos.
Si bien contaba con dar respuesta a los recursos de los canteros antes de que acabara 2018, por el momento no se ha precisado desde la Junta si se aboga por mantener el sistema de pago por volumen extraído o por atender las disposiciones del Real Decreto 975/2009 y obligar a la entrega de los avales.
González mandó entonces un mensaje de "tranquilidad" a los canteros dado que desde el Gobierno andaluz iba a tratar de buscar una fórmula favorable para los intereses de los empresarios y de la Administración andaluza. "Es algo en lo que tenemos que llegar a buen puerto", dijo entonces tras apuntar la "complejidad" que encierra esta cuestión.
En total, fueron 84 las resoluciones emitidas el pasado mes de septiembre por la Delegación Territorial de Economía --una competencia ahora en manos de Presidencia-- en las que se solicitaban dichos avales, si bien las mismas resoluciones quedaron suspensas.
