Ratificado el informe sobre las supuestas facturas falsas del PP

En el caso están implicados dos concejales del PP y tres empresarios gaditanos. La Fiscalía Anticorrupción encargó a los juzgados la instrucción del caso.

Imagen de los juzgados donde prestó declaración el técnico municipal. - C. C. — Imagen de los juzgados donde prestó declaración el técnico municipal. -

C. C.

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C. Cruz

Publicado: 14/01/2010 ·

21:08

Actualizado: 14/01/2010 · 21:17

El técnico municipal que elaboró el informe por el que la Fiscalía Anticorrupción decidió abrir una investigación sobre una supuesta trama de facturas falsas registradas en el Ayuntamiento de Sanlúcar durante la etapa del Partido Popular, ha declarado esta mañana en los juzgados sanluqueños “ratificando lo manifestado en el informe” tras haber recibido junto con otros funcionarios municipales la citación del juzgado de instrucción número 3 de la localidad, encargado de la instrucción del caso.

INVESTIGACIÓN

Los hechos, puestos en conocimiento del juzgado a finales del mes de septiembre de 2008 por orden de la delegada municipal de Economía y Hacienda, Inmaculada Muñoz (PSOE)y, posteriormente, de la Fiscalía Anticorrupción, reflejan una posible malversación de fondos durante los años 2002 a 2005. En el caso están imputados el ex edil del PP sanluqueño, Rafael Rubio, y su entonces secretaria, el aún concejal popular Marco Antonio Caballero y el que fuera en esta época interventor municipal en funciones, Isaac Bovillo. Del mismo modo, la Fiscalía Anticorrupción señaló a los administradores de las tres empresas presuntamente implicadas en la trama: Europa Corporación de Gestión SL, Documentos Electrónicos Digitales SL y Ceuta Mail SL, a las que el Ayuntamiento habría contratado para realizar estudios demográficos, para gestionar la contratación de un anuncio en prensa utilizando como intermediario con el medio de comunicación a una de estas empresas o para analizar los estados financieros del Consistorio.

Según se recoge en el informe, al que tuvo acceso Información, los pagos de las nueve de las once facturas bajo sospecha fueron realizados sin la firma de un técnico municipal para acreditar la veracidad del servicio y la corrección en los precios y el procedimiento de tramitación, lo que motivó las sospechas del técnico y de la actual delegada de Hacienda, Inmaculada Muñoz.

En los próximos días están llamados a declarar el resto de testigos de la supuesta trama.