El Ministerio Fiscal ha solicitado para los dos funcionarios y un empresario presuntamente implicados en una supuesta trama de facturas falsas en el Ayuntamiento de Baena (Córdoba) seis años de cárcel para cada uno.

Según la calificación provisional del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Efe, a los dos funcionarios municipales, R. S. C. y J. D. P, se les considera autores de un delito continuado de estafa y cooperadores necesarios de un delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial.

Por otra parte, el fiscal imputa al empresario, A. J. G. R, un delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial y le cree cooperador necesario del delito continuado de estafa.

Los tres acusados se enfrentan a una petición de pena de seis años cada uno, así como a una indemnización conjunta al Ayuntamiento de Baena de 37.434 euros.

Según la calificación del Fiscal, A. J. G. R, propietario de una empresa de carpintería metálica, concertó con estos dos funcionarios municipales -uno de ellos secretario personal del alcalde- la elaboración de unas facturas de una obras por contratos menores que no se habían realizado por un valor aproximado de 38.000 euros entre 2005 y 2007.

El fiscal indica en su calificación que todos los implicados tenían la "finalidad de obtener un beneficio económico injusto y a sabiendas de que no se habían realizado ninguno de los trabajos".

Entre las supuestas facturas falsas, destaca una por valor superior a los 7.000 euros, relativas a encofrado de chapa, tablas de reciclaje y mallazo, además de otras relativas a nichos de cementerio por valor de 1.500 euros o zapatería por valor de 4.534 euros.

Según el fiscal, los tres acusados se encargaban de que las facturas fueran incorporadas a los correspondientes expedientes administrativos y tramitadas para que fueran abonadas en la cuenta del empresario.

Cuando éstas se abonan, el empresario descontaba la cantidad correspondiente al IVA, que quedaba en su poder, y entregaba en metálico el resto del importe a los funcionarios que se incorporaban en su patrimonio particular.

Además de la petición de pena de seis años de cárcel, el fiscal pide 14.400 euros de multa para cada uno y la inhabilitación para cargo público para los dos funcionarios municipales.

Sobre la responsabilidad civil, el fiscal pide que los tres acusados indemnicen al Ayuntamiento con 37.434 euros.
Por otra parte, el Ministerio Público pide el sobreseimiento provisional para otros dos empresarios imputados, J. M. M. -cuñado de uno de los funcionarios y al que se le tomó declaración como imputado- y A. C. H, al considerar que no existen indicios de su participación en la supuesta trama de facturas.

Por su parte, el equipo de Gobierno de Baena ha emitido un comunicado en el que "no entra a valorar el contenido de los autos judiciales ni los informes de la Fiscalía hasta que no haya una sentencia judicial firme y definitiva".

En cuanto a los dos trabajadores municipales relacionados con el caso, el equipo de Gobierno recuerda que "ya se abrió un expediente informativo y disciplinario pendiente de resolver cuando exista sentencia judicial y que hasta ese momento prevalece la presunción de inocencia constitucional".