En el conjunto de la UE, la Comisión ha registrado 100.000 quejas sobre mal funcionamiento de las normas del mercado interior, de las cuales 25.721 se refieren a cuestiones transfronterizas.
Una de cada diez denuncias sobre cuestiones transfronterizas procede de España, según ha explicado la comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding.
La mayor parte de ellas son formuladas por europeos que encuentran trabas para realizar gestiones prácticas en España, como reconocer títulos académicos de otros países, cobrar pensiones devengadas en otros Estados o conocer la legislación aplicable al divorcio de una pareja mixta.
Para hacer frente a esas deficiencias, Bruselas pretende optimizar el rendimiento del mercado único en sus dos vertientes: social y económica, en una iniciativa inspirada en el informe del ex comisario Mario Monti.
Según los tratados, el mercado único es la creación que garantiza la libertad de circulación de capitales, personas y bienes en el conjunto de la Unión Europea, con el objeto de facilitar la vida a los ciudadanos y promover el crecimiento económico, al dar acceso a un mercado potencial de 500 millones de clientes.
En su vertiente económica, Bruselas desea mejorar la situación de las pequeñas y medianas empresas, que representan el 99% de los negocios europeos, mediante la introducción de una base imponible común para las firmas transfronterizas, la simplificación de las normas de contabilidad y el mejor acceso a los contratos públicos.
"Ahora mismo, el mercado único no se está comportando tan bien como debería. Tiene que ofrecer más. Los ciudadanos y los negocios, pequeños y grandes necesitan encontrar un verdadero interés en él", dijo el comisario de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier.
Además, Bruselas desea incrementar el comercio por internet, que actualmente "está comportándose muy por debajo de sus posibilidades", así como introducir un carné de identidad profesional que reduzca el papeleo necesario para lograr el reconocimiento de la cualificación de los trabajadores en otros países.
En su vertiente social, la Comisión quiere facilitar la matriculación de un vehículo ya registrado previamente en otro Estado, simplificar el acceso a un abogado de oficio en otro país o permitir la libre circulación de documentos civiles como los certificados de nacimiento.
Según un informe publicado hoy, el 69% de los europeos desconoce sus derechos y obligaciones como ciudadano comunitario cuando vive, trabaja, estudia o, simplemente, visita otro país.
La comisaria Reding ha afirmado en rueda de prensa que el objetivo de estas propuestas es "que los ciudadanos se sientan cómodos cuando viajan, trabajan o se asientan en otro país".
En 2009, unos doce millones de ciudadanos europeos, sobre una población total de 500 millones, vivían en países comunitarios distintos al suyo de origen.
Más de dos millones de ciudadanos comunitarios vivían el año pasado en España.
Las ideas esbozadas hoy serán objeto de una consulta pública que servirá a la Comisión para proponer medidas concretas en los próximos dos años.
La propuesta de la Comisión recibió su primera crítica del presidente del Partido Socialista Europeo, Poul Nyrup Rasmussen, quien expresó su preocupación por "la brecha entre el interés de la economía y el de la gente".
"No afronta los verdaderos problemas de los ciudadanos: La dimensión social del Acta de Mercado Único es débil y no responde suficientemente al reto de 23 millones de europeos parados y 80 millones viviendo en la pobreza".
