Como ya hemos venido anticipando en distintas informaciones que tanto Estepona Información, como Diariosol.es, les han ofrecido en exclusiva, las declaraciones que el alcalde de Estepona, David Valadez, ha formulado ante los medios de comunicación en relación a la querella presentada contra él por el ex tesorero municipal, Félix Domínguez, arrojaban serias lagunas y contradicciones con la documentación a la que habíamos podido tener acceso.

Escritura anulada
Estepona Información ha tenido acceso a una escritura pública, efectuada en una Notaría de Málaga el 13 de Junio de 2006, en la que se eleva a público el acuerdo de la Junta General que anula la cesión gratuita y compraventa de participaciones sociales de Control Contable Estepona XXI, SL y Control Servicios Estepona XXI, SL, ambas en liquidación, en favor de Serviplus Estepona XXI, SL, asimismo en liquidación efectuada en una notaría de Estepona el 19 de junio de ese mismo año. La escritura anulada en este acto notarial fue aportada ante la juez Isabel Conejo por el alcalde de Estepona a fin de justificar la procedencia del cese como liquidador del ex tesorero, Félix Domínguez ya que éste, de haberse ratificado la misma, carecería de representación social en las sociedades y, por lo tanto, su cese, aunque no acordado por el Pleno como socio único, lo habría sido por la totalidad del capital representado por Valadez.
Los hechos tienen su origen el 24 de Octubre de 2005 en el que se celebra Junta General Universal de las sociedades Estepona XXI en liquidación, representadas por el alcalde Antonio Barrientos, las mercantiles Control Contable y Control Servicios, representadas por Juan Manuel de Hoyos, entonces liquidador, además del asesor jurídico de las mismas, Guillermo Álvarez Rato. Como resultado de los acuerdos adoptados, el 19 de Junio de 2006, se eleva a pública la cesión gratuita de las participaciones sociales que ostentan las mercantiles Control Contable y Control Servicios de las sociedades Estepona XXI, en favor de Serviplus. La compraventa, en la que no estaba presente el socio mayoritario, le fue comunicada verbalmente a Antonio Barrientos a fin de que acudiera a ratificarla. Barrientos, según señala el documento notarial de 13 de Julio de 2006 que anula el mencionado acuerdo, se negó a ratificarla, manifestando su disconformidad con la misma al entender que el acuerdo tomado para autorizar la venta de participaciones y reflejado en el Acta de la Junta, se encontraba condicionado a la aprobación por las respectivas Juntas de Socios del Informe de Liquidación de cada una de las sociedades, lo cual no había acontecido, por lo que se negaba a suscribir el Acta donde se reflejaban los acuerdos, solicitando se declarase la nulidad de dicha Junta, cuyos acuerdos debían quedar condicionados a lo señalado.

Situación contradictoria
La nulidad de la compraventa pone en situación compleja la estructura legal de las sociedades en liquidación ya que el ex tesorero municipal, Félix Domínguez, cesado en virtud de este acuerdo, retomaría su condición de liquidador al quedar invalidada la Junta General que acordó su cese. Domínguez, de esta forma, continuaría ostentando la representación de las mercantiles Control Contable y Control Servicios, por lo que, junto con el socio mayoritario, tendría representación en el resto de las sociedades en liquidación. Tampoco cabría ya cualquier otro tipo de solución que no pasara por la convocatoria de la Junta General - representada por el pleno - y el debate público de todos y cada uno de los hechos que han acontecido en relación con este asunto, por lo que Valadez debiera dar explicación a los miembros de la Corporación de su actuación en los mismos. Un asunto primordial es el recurrente informe que el ex tesorero presentó por registro de entrada y fue, según sus manifestaciones, la causa última de la celebración de las Juntas Generales que determinaron su cese. Las dudas, ya planteadas por Barrientos al negarse a suscribir los acuerdos de la Junta anterior, sobre los informes de liquidación y, de manera fundamental, los movimientos de las cuentas bancarias y las presuntas irregularidades cometidas por sus antecesores en el cargo mediante la formalización de contratos de asesoramiento con un importe superior a los tres millones de euros, la negativa a entregar los documentos justificativos de los mismos y su falta de requerimiento por parte del alcalde.