La Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía ha abierto el plazo de consulta pública previa para la elaboración de la Ley que regulará el futuro Colegio de Detectives Privados de Andalucía con el que se garantizará la "igualdad de condiciones con otras profesiones liberales que sí cuentan con colegio profesional" y que "evitaría la marcha de los profesionales del sector a otras comunidades autónomas que ya cuentan con colegio".
Según se recoge en la resolución publicada por la Junta y consultada por Europa Press, el plazo de participación es de quince días hábiles, que terminarán el próximo 23 de octubre. El decreto de simplificación administrativa que el Gobierno andaluz aprobó en febrero de 2024 abre la puerta a que los detectives privados cuenten con colegio profesional, algo que impedía hasta ahora la legislación.
Andalucía es la comunidad con más estudios especializados para formarse como investigador privado. Seis de las diez universidades públicas --las de Almería, Córdoba, Granada, Málaga, la Hispalense y la Pablo de Olavide en Sevilla-- imparten diplomas, máster, curso u otros títulos propios de detective, según detallaba en su momento la Consejería, que precisaba que alrededor del 25% de los 2.000 profesionales con licencia para ejercer que hay en España son andaluces, y 208 despachos de detectives de los 1.194 existentes en todo el país se ubican en la comunidad autónoma.
Sin embargo, muchos de estos profesionales andaluces están colegiados en Cataluña, Valencia, Galicia o Murcia porque no pueden hacerlo en Andalucía, donde no existe Colegio de Detectives, ya que Ley autonómica que regula estas corporaciones de Derecho Público limitaba su creación a aquellas actividades que cuentan con una titulación académica oficial para su ejercicio.
En el caso de los detectives privados, la normativa estatal de Seguridad Privada por la que se rigen ya desde 2014 señalaba que se puede ejercer con un título universitario de grado, "o bien del título del curso de investigación privada reconocido por el Ministerio del Interior". Todos los títulos propios que imparten las universidades públicas andaluzas cuentan con el reconocimiento estatal, pero faltaba adaptar la legislación andaluza de colegios profesionales.
