Un equipo de la comisión de investigación de la ONU sobre Siria, dirigido por el comisionado Hanny Megally, ha observado "una clara sensación de alivio" en el país tras décadas de régimen represivo después de la caída de Bashar al Assad, que huyó el 8 de diciembre de 2024 del país tras una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS).
"El miedo se ha disipado y se palpa una nueva sensación de libertad. La gente nos ha hablado de mantener la cabeza en alto por primera vez en décadas. Como alguien que investigó las masacres en Siria en la década de 1980, comprendo profundamente cuánto tiempo han esperado los sirios este momento. Aunque el tiempo que tenemos por delante está lleno de desafíos, tenemos la esperanza de que los sirios se unirán para construir el país al que siempre han aspirado", ha declarado.
Megally, que centros de detención y fosas comunes en Damasco y sus alrededores, se ha reunido con varios funcionarios gubernamentales, incluidos los del Ministerio de Justicia y Exteriores, con quienes ha abordado la justicia para las víctimas y sus seres queridos, la protección de las pruebas, y una colaboración "continua" con el ente, puesto que el Gobierno anterior negó su acceso desde su creación, lo que "supone un cambio significativo".
"Felicitamos a las nuevas autoridades por mejorar la protección de las fosas comunes y las pruebas en los centros de detención, y las alentamos a que prosigan estos esfuerzos, también recurriendo a las organizaciones de la sociedad civil siria y a los actores internacionales pertinentes", ha declarado.
Asimismo, ha lamentado que "estar en celdas diminutas y sin ventanas, aún llenas de hedor y marcadas por un sufrimiento inimaginable, ha sido un duro recordatorio de los desgarradores relatos" que la comisión ha documentado a lo largo de casi 14 años de investigaciones. "Estos abusos no deben repetirse nunca más y los responsables deben rendir cuentas", ha remarcado.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria fue establecida en agosto de 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con el mandato de investigar todas las presuntas violaciones de Derechos Humanos cometidas desde marzo de ese mismo año. También encargó al organismo que estableciera los hechos que pudieran constituir tales violaciones y, cuando fuera posible, que identificara a los responsables.
