El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha acordado el sobreseimiento provisional parcial de las actuaciones respecto del exdelegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de la capital David Dorado que estaba investigado en la causa inicial sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de dicha Delegación del Consistorio, tras más de tres años de diligencias.
Según recoge el auto, adelantado por la prensa provincial y al que ha tenido acceso Europa Press, el juez destaca "cómo la participación en los hechos del concejal queda difuminada en cuanto a su posible decisión política de impulsar la ejecución de la obra de iluminación de la Avenida de Libia", investigada en este caso.
Al respecto, apunta que "su única intervención en los dos expedientes es la de firmar la autorización de pago previa presentación de facturas debidamente informadas", de modo que "no encontramos más indicios de su participación en los hechos que esa decisión manifestada de que se llevara a efecto la ejecución de dicha obra", subraya el magistrado.
Asimismo, relata que "sostener que pudiera haber existido un desinterés en el mismo sobre la forma en que se materializara en términos jurídicos tal decisión política, o una intención de que se llevara a efecto, incluso contra el mandato legal de prohibición de fraccionamiento, sería una hipótesis razonable".
Sin embargo, el juez remarca que "no cuenta de sustento indiciario alguno en el que fundamentar una imputación formal capaz de superar las exigencias de razonabilidad del juicio de imputación exigidas por el artículo 779.1,4ª de la Lecrim para el mantenimiento de la imputación en sede de fase intermedia del procedimiento abreviado". "Procede, por tanto el sobreseimiento provisional parcial de las actuaciones respecto del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 641.1 de la Lecrim", apostilla.
CONTINUACIÓN DE LA CAUSA
En cambio, el togado acuerda en su auto que se sigan las actuaciones por el trámite del Procedimiento Abreviado contra el técnico municipal que recibió el encargo de tramitar expedientes de contratación menor en el contexto del Plan de Choque Córdoba 2020 y la excoordinadora del área de Infraestructuras, investigados desde el principio, junto a tres empresarios.
Sobre el técnico, apunta que "las declaraciones testificales no han hecho sino corroborar la esencia de las sospechas sobre aparente manipulación de la naturaleza jurídica de contratos y reglas de concurrencia competitiva derivadas de una aparente finalidad de favorecer a quienes de forma recurrente son escogidos para formar ternas de entidades invitadas, a los efectos de que fueran contratados"; a lo que añade que "coadyuvado, en el mejor de los casos, con una actitud pasiva o de falta de control efectivo por parte de la coordinadora del área de Infraestructuras".
"Aunque la sombra de una posible remuneración o compensación por las adjudicaciones ha pesado en todo momento a lo largo de la investigación de la presente causa, y así se indicara por la unidad de policía judicial que interviniera a requerimiento del Juzgado, lo cierto es que no se han podido encontrar indicios de ello", indica el juez.
Además, explica que "las referencias a aparentes pagos de viajes u otras forma de pago en especie que dieran lugar a la formación de una nueva causa cuentan con una separación temporal más que suficiente como para no poder establecer en términos racionales una relación entre las actuaciones que se imputan al técnico y los posibles pagos realizados en su nombre o que pudieran atribuirse supuestamente a favor de la coordinadora".
Igualmente, menciona que no corresponde al Juzgado "determinar si efectivamente tales actuaciones tuvieron lugar y si escondían posibles remuneraciones a servicios prestados; pues lo único que interesa a este respecto es constatar la existencia de estrechas relaciones entre el técnico y buena parte de los contratistas cuyas empresas son invitadas de forma reiterada a concursar".
Al respecto, el juez considera que los hechos podrían ser constitutivos, "sin perjuicio de ulterior calificación del Ministerio Fiscal y acusaciones personadas", de delitos de prevaricación administrativa y de falsedad en documento oficial, "concurriendo al menos indiciariamente los requisitos típicos exigidos por las correspondientes normas penales", subraya.
Dicho auto llega después de que el juez decidiera en noviembre prorrogar otros seis más la investigación de esta causa inicial sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento, ante la necesidad de incluir otras pruebas periciales.
EL ORIGEN
El caso se inició tras admitirse a trámite la denuncia de los grupos de IU y Podemos en el Consistorio por la Fiscalía en noviembre de 2021. En un primer momento, se apuntó a la presunta responsabilidad de un técnico municipal y de la entonces coordinadora general de Infraestructuras, pero en diciembre de 2022 el juez incorporó como investigados al exdelegado del área de Infraestructuras David Dorado y a diez empresarios por presunta cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa.
Además, se amplió la investigación sobre el técnico municipal y la excoordinadora del área de Infraestructuras, que estaban ya investigados por prevaricación y falsedad documental. Después de la investigación policial, se ha intentado esclarecer también la supuesta comisión de los delitos de integración en grupo criminal, cohecho y malversación de caudales públicos.
Entretanto, el Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba ha acordado archivar en septiembre de 2024 la causa por la supuesta comisión de delito de cohecho en grado de tentativa por el exconcejal de Infraestructuras David Dorado y la excoordinadora del área, dentro de las diligencias del caso, al considerar que los hechos no son constitutivos de infracción penal, en cuanto al destino de fondos europeos.
El Juzgado de Instrucción número 8 ya dictó en mayo pasado otro auto acordando el sobreseimiento de la causa contra la excoordinadora de la Delegación de Infraestructuras y un jefe de área por la supuesta comisión de un delito de cohecho en la gestión de contratos menores de obra en una de las piezas del caso.
Y el Juzgado de Instrucción número 2 acordó semanas antes el sobreseimiento provisional y archivo de la segunda causa sobre presuntas irregularidades en contratos de la citada Delegación con la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y prevaricación, tras la auditoría que inició el caso en 2021, encargada por el entonces edil del área David Dorado.
Según se detalla en el auto, Dorado denunció "una serie de irregularidades en licitaciones de obras relativas a sustitución de luminarias de alumbrado público de Córdoba y remodelación de nuevas calles que incorporan alumbrado y cuadros de mando".
El conocimiento de "estas irregularidades derivó de las quejas y comunicaciones de empresas licitadoras no adjudicatarias de los contratos que aducían un presunto 'complot' en los términos de redacción de los proyectos que han hecho inviable, desde el punto de vista económico, acceder de manera real y desde un punto de vista objetivo a ofertas competitivas que les permitieran ser adjudicatarias estas obras".
JUICIO PENDIENTE
Por contra, está pendiente de celebrar en la Audiencia Provincial el juicio contra David Dorado por la supuesta comisión de un delito de prevaricación por la contratación del servicio de mantenimiento de sistemas de seguridad para los colegios y edificios municipales.
Los hechos los investigó el Juzgado de Instrucción número 8, dentro del caso Infraestructuras, y el exconcejal se enfrenta a 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, según recoge la petición de la Fiscalía.
