El día 5 de abril en toda España están convocados 40 manifestaciones bajo el lema “ACABEMOS CON EL NEGOCIO DE LA VIVIENDA” Esta convocatoria estatal está apoyada por un buen número de asociaciones y sindicatos con unas reivindicaciones concretas: Bajada del 50% en los alquileres. Contratos de alquiler indefinidos. Recuperación de viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada. Fin de la compra especulativa. Desarticulación de grupos de des-okupación. Estas pueden agruparse en torno a los temas de Alquileres, Okupas, Pisos turísticos o por temporadas, Viviendas vacías, Compra especulativa.
En el asunto de los alquileres se reflejan aspectos contradictorios. ¿Deben existir los alquileres? Parece que sí, ya que se reivindica una reducción del 50% y que los contratos sean indefinidos e impidiendo otro tipo de contratos que no sean estos. Es decir que las personas propietarias de viviendas sólo puedan alquilarlas por la mitad del precio actual y solo para contratos indefinidos. Cabe preguntarse: Estas dos reivindicaciones afectarán a la reducción de oferta de viviendas en alquiler? De hecho se podría ir a la mayor, reivindicado que fuese ilegal alquilar viviendas. Y eso parece deducirse esta posición del slogan de la convocatoria: ¡La vivienda es un derecho, no un negocio! Y si se profundiza en el mismo, como derecho esencial de cada persona, ¿sería el Estado el que garantizara ese derecho? ¿Cómo podría hacerse esto? ¿Mediante una política para garantizar a toda persona el derecho a disponer de una vivienda? ¿En propiedad, en usufructo, en alquiler? El tema es complejo ya que, con el nivel de volubilidad que los gobiernos manifiestan, ¿Quién garantizaría la estabilidad en el tiempo de esa política? ¿Serían capaces los gobiernos de turno del desarrollo de la misma? Al aparecer en la convocatoria reivindicaciones de alquiler con la desarticulación de grupos desokupas, ¿Se estaría afirmando la exigencia de impedir el negocio de los alquileres? De hecho el temor a la ocupación de viviendas influye a las personas arrendadoras a aumentar los costos de los alquileres mediante la subrogación de seguros que garantizan el pago y el desalojo de inquilinos morosos. También este temor endurece las condiciones económicas y sociales de los arrendatarios para la firma de del contrato de alquiler.
A partir de esta situación la reivindicación de poner fin a la compra especulativa ¿dejaría de tener sentido porque al fin y al cabo la consecuencia de las anteriores reivindicaciones impediría cualquier compra de vivienda? Añadiendo a esta la reivindicación de la “recuperación de viviendas vacías, turísticas o en alquiler por temporadas. ¿Sería posible acabar con el mercado de las viviendas? ¿En este país, donde cada vez más se desconfía de la política? ¿Sería posible encomendar al Estado la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda, impidiendo la compra de las mismas? ¿Podría pensarse en un derecho a la propiedad de la vivienda restringido sólo a una? ¿ Podría no ser necesaria la propiedad, si el Estado facilita la vivienda? ¿Cualquier vivienda? ¿Aunque no sea del gusto de la persona, o no responda más o menos a las necesidades de la misma?
Muchas preguntas que se suscitan a partir de las reivindicaciones de la convocatoria estatal del próximo 5 de abril que promueve acabar con el negocio de la vivienda. Incluso se podría preguntar sin el garantizar el derecho al acceso a la vivienda podría ser compatible con el mercado inmobiliario de viviendas. Si el Estado construye millones de viviendas sociales para garantizar el derecho de cualquier persona que lo solicite ¿Por qué restringir el derecho de las personas a acceder en propiedad a una vivienda que se ajuste a sus necesidades o gustos? ¿Colisionan los derechos? Parece que quienes convocan no han considerado la primera y directa reivindicación para resolver la falta de viviendas sociales. Es el estado el que debe acometer un ambicioso plan de INVERSIONES publicas para que cualquier persona pueda ejercer el derecho a una vivienda digna como estipula el artículo 47 de la Constitución de 1978 “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.” Y parece importante considerar que el mencionado derecho constitucional sólo genera obligaciones a los poderes públicos. ¿Se precisaría entonces restringir los derechos a la propiedad de la vivienda, o al de alquilarla? Hay que situar a España en el ámbito de la Unión Europea y considerar: a) Que el derecho reconocido en el artículo 47 afecta exclusivamente a las personas con nacionalidad española. b) Que Media Europa pretende afincarse en España accediendo al mercado inmobiliario. c) Y que el número de personas extranjeras en España a 31 de diciembre de 2024, con certificado de registro, en 3.752.842. Todas las reivindicaciones de esta convocatoria se centran en lo ya construido por la iniciativa privada: Bajada del 50% en los alquileres. Contratos de alquiler indefinidos. Recuperación de viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada. Fin de la compra especulativa. Desarticulación de grupos de des-okupación. ¿Por qué no exigir a los poderes públicos que INVIERTAN en la construcción de un enorme parque de viviendas sociales? Cuando se produzca la intervención de todas las administraciones, central y autonómicas, se garantizaría el derecho al acceso a la vivienda y además se regularía el mercado de la vivienda.
Fdo Rafael Fenoy
