Innumerables políticos de orden han criticado con enorme dureza la requisa de carros de alimentos que efectuaron las gentes del SAT hace poco. Se rasgaron las vestiduras públicamente y clamaron al cielo exigiendo la inmediata respuesta de la Justicia con mayúsculas. “Es un robo que no podemos permitir en nombre de la Ley”, recitaron a coro ellos y sus vasallos periodistas, exigiendo castigo ejemplar para los “culpables”.
A mí hasta podrían parecerme razonables sus quejas, siempre que estos cruzados defensores de la ley denunciaran con la misma dureza todos los auténticos robos que se producen en España cada día. Por poner un par de ejemplos extraídos del economista Juan Torres, las compañías eléctricas se meten en el bolsillo, cada día, 600.000 euros por un servicio (la adecuada renovación y actualización del parque de contadores) que no prestan. ¿Cuántos carritos de productos de primera necesidad cabrían en seiscientos mil euros diarios?
Otro ejemplo: cerca de un millón de personas , en su mayoría ancianos, han perdido sus ahorros, al comprar unas llamadas acciones preferentes que no valen nada, calculándose que esas pérdidas, un verdadero robo bancario, suman entre los 10.000 y los 30.000 millones de euros. ¿Hablamos de carritos? Por no mencionar el fraude fiscal o para no poner el acento en la práctica habitual de muchos supermercados, sobre todo Mercadona, de tirar a la basura toneladas de productos a punto de caducar tras destrozarlos o regarlos con lejía para que nadie los pueda recuperar.
Pero no escucharéis, sin embargo, a esos mismos padres de la patria tan aparentes defensores de la justicia ni una sola palabra sobre estos escándalos preferentes. Ominoso silencio. Nada.
Una docena de aves de corral contemplan a través de la pantalla del horno cómo se está asando un pollo. “¿…, y tú votaste esto?”, pregunta una. “¿Estás segura de que es por nuestro bien?”, comenta otra.
