Cuando del sistema educativo se trata más que hablar de calidad de los resultados, toca enfrentarse al reto de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje haciéndolos más eficaces. Por ello los objetivos tendencia deben sobre todo generar cambios sustanciales en el funcionamiento de los mismos, que son los que afectan a todas y cada una de las personas que se forman en los centros educativos. Después de más de veinte años haciendo pivotar una parte de la mejora de las ofertas educativas en la Autonomía Pedagógica de Centros escolares, encontramos que esta autonomía, en contadas ocasiones se ha podido plasmar y ello de forma muy parcial. Multitud de intereses, sobre todo políticos, profesionales y de empresas suministradoras de materiales educativos, han ido conduciendo, cual de un tiro de troyka, la realidad diaria de los centros educativos.
El llamamiento que los responsables políticos de la Educación a la “Autonomía Pedagógica”, partía de la hipótesis de que el conocimiento científico, generado por las Ciencias de la Educación, permitiría por sí mismo trasladar la suficiente fuerza para que las prácticas educativas, que se venían desarrollando en los centros, fuesen mejorando. Esta “candidez”, mostrada por quienes han sido, y son, responsables políticos de la Educación, se volvía a manifestar al traducir en formación del profesorado cualquier déficit o problemática educativa. La cuestión parecía simple: Si hay que introducir innovaciones en la Educación, basta con incrementa la formación de quienes deben aplicarla y ¡Ya está! También, siguiendo la simpleza, basta publicar en el Boletín Oficial correspondiente la Ley, el decreto, la orden, la resolución o incluso los acuerdos, para que el profesorado se ponga a la tarea, sin analizar los perfiles profesionales, los medios, los costos, los tiempos, los tipos de alumnado y demás requisitos, para garantizar que el objetivo propuesto por la norma se alcanza.
Después de años manifestando desde la Inspección Educativa las deficiencias, carencias e incluso trasladando sugerencias para mejorar los instrumentos legales, la organización del currículum, de los centros educativos, de las políticas de recursos humanos y de equipamientos, que permitieran dar respuesta a los déficits detectados, podemos concluir que poco muy poco hemos avanzado y en algunos campos quizás retrocedido. Y es que podemos apuntar, al menos como hipótesis, que en realidad, detrás de la formulación de la “Autonomía Pedagógica”, se encontraba y se encuentra la maniobra de trasladar la grave responsabilidad de los resultados escolares al estamento docente casi en exclusividad. Y es que la situación “de paso” por las responsabilidades políticas, de aquellos que fueron nombrados para ello, han hecho fluctuar constantemente las orientaciones de las políticas educativas que se han ido “diseñando”. Si a esta falta de estabilidad, se le une la necesidad de proyectar sus carreras políticas mediante programas estrellas, muchos de ellos de vida efímera, ya tenemos un boceto de a dónde nos conduce esta máquina de despropósitos. La dejación de funciones, de quienes tienen la responsabilidad política para intervenir garantizado el derecho a la educación de alumnado y familias, ha sido palmaria.
Fdo. Rafael Fenoy Rico Inspector de Educación Comunicación CGT Educación
