Ecologistas en Acción anunció ayer que la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz ha elevado una denuncia ante los juzgados de instrucción de El Puerto por la presunta comisión de delitos en la parcelación “ilegal” situada entre las prisiones Puerto I y Puerto II y la Venta El Cepo.
En un comunicado, el colectivo ecologista mostró su satisfacción ante la actuación de la Fiscalía que, según dijo, se produce como consecuencia de una denuncia presentada por la asociación en octubre de 2008.
Según explicó, la parcelación en cuestión apareció en 2005, con lo que la asociación conservacionista denunció los hechos por vía administrativa ante el Ayuntamiento de El Puerto en 2006. Así, ante la “inactividad” de la administración local, en 2007 volvieron a solicitar la intervención municipal para que, en cumplimiento de la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), se iniciase la apertura de expedientes disciplinarios por la presunta comisión de una infracción urbanística “muy grave” y se exigiese la reposición del terreno a su estado original.
Sin embargo, “no sólo no se paraliza la parcelación ilegal, sino que aparecen nuevos vallados y construcciones, se abren pozos de agua y se arreglan carriles”. Por ello, en octubre de 2008 pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente para que investigase de oficio la “posible comisión de delitos contra la ordenación del territorio por los responsables de la parcelación y construcciones y prevaricación con omisión del deber de perseguir delitos por parte de responsables municipales”.
Ecologistas en Acción lamentó que hayan tenido que transcurrir cuatro años hasta el inicio de acciones contra “una actuación ilegal que pudo ser evitada o corregida en su momento”, puesto que las autoridades municipales poseen los instrumentos legales necesarios para evitar las “parcelaciones ilegales que son el embrión de los futuros asentamientos irregulares”, argumentó.
Responsabilizó tanto a “la negligencia municipal” como a “la irresponsabilidad de los propietarios” esta actuación que ahora “acarreará situaciones traumáticas, con multas coercitivas y demoliciones” a las que deberán hacer frente los dueños de los terrenos.