"Se mata a un hombre, pero no se puede matar a una idea". Blas Infante.

Apenas quedan empresas que hayan logrado mantener una actividad durante 150 años, menos en un sector tan competitivo, turbulento y cambiante como es la prensa escrita. La letra impresa a diario te retrata, muchas veces para bien y otras, por qué no reconocerlo, para mal por aquello de que ser juez de la información, de lo que es y de lo que no y de cómo se transmite, puede conducir a cierta falta de objetividad ante la nube distorsionadora que emana del poder absoluto de decidir, ese que eleva o tumba. Durante estos 150 años hay algo que no ha cambiado y es la necesidad social de plataformas que reúnan a profesionales que cuenten buenas historias y lo hagan con un correcto uso de la gramática, más importante si cabe hoy en día cuando información y libertad de expresión se funden en un todo anárquico que son las redes sociales para desgracia de empresas editoras, profesionales del periodismo y, sobre todo, público lector. No sabemos lo que a todos deparará el futuro y menos en esta época de continuo cambio, pero qué duda cabe que Diario de Cádiz no solo ha contado muchos miles de buenas historias en esos 150 años que hoy le contemplan sino que ha escrito la hemeroteca de siglo y medio de Cádiz, de Andalucía y de España, elevando valores sociales con su fiscalización diaria, con sus denuncias y con sus críticas, dando trabajo a muchos y grandes profesionales en diferentes campos. También, sin pretenderlo pero no por ello menos importante, ha hecho mejores a todos los que combatimos desde trincheras enfrentadas, que es desde donde mejor se mide la talla del adversario. Por todo, enérgica felicitación.

Naciones. El pueril debate actual sobre la plurinacionalidad, el concepto nación, quiénes o no son y qué representaría este cambio constitucional para cada uno que abandera este nuevo PSOE viene a dar muestras del escaso conocimiento histórico de quiénes lo promueven y del preocupante hecho de que lo hacen solo por puro tacticismo electoral. A la pregunta de qué naciones compondrían ese estado plurinacional, la respuesta es desconsoladora: se está estudiando. Resulta lamentable el bajo nivel y el poco respeto que algunos muestran ante hechos tan sólidos como son la tierra y su historia, que es la nuestra, la de nuestros padres y abuelos, que regaron son sudor y sacrificio el terruño sobre el que hoy cruzamos nuestras vidas.

Nacionalidades históricas son aquellas que obtuvieron su autonomía por el artículo 151 de la Constitución, la llamada vía rápida, como son Galicia, País Vasco y Cataluña, constituyéndose en comunidades autónomas con un alto nivel de competencias. El resto, exceptuando a Navarra que lo hizo por un camino particular de acuerdo a su régimen foral, se constituyeron por el 143 de la Constitución, vía lenta, que les impuso la limitación temporal de cinco años para poder reformar sus Estatutos y ampliar las competencias asumidas. Hasta la proclamación de la segunda república no se abrió la posibilidad legal de conceder cierta autonomía política a las regiones españolas. En Andalucía, ya en abril de ese año habían resucitado las primeras asociaciones del andalucismo, los centros andaluces, que se transformaron en la Junta Liberalista de Andalucía con un programa federalista. A propuesta de la Junta, la Diputación de Sevilla convocó en mayo de 1931 una asamblea de municipios sevillanos para abordar la consecución de la autonomía andaluza y en ella se acordó redactar un proyecto de estatuto de autonomía, pero siempre que no se atentase contra la unidad de España -Andalucía siempre puso por delante la unidad de España-. Esta iniciativa, sin embargo, tuvo poco éxito. Al escaso respaldo popular se unió la suspicacia del resto de provincias contra un supuesto neo centralismo sevillano. La debilidad del movimiento andalucista era patente. Por una parte, la Diputación de Granada proponía a Jaén y Almería formar una región autónoma oriental, en tanto que Huelva dudaba entre permanecer al margen de cualquier autonomía o vincularse a Extremadura.

A pesar de todo, las diputaciones andaluzas aprobaron el 26 de febrero de 1932 en Sevilla un anteproyecto de Estatuto bastante limitado que proponía una descentralización administrativa, similar a la de una mancomunidad. Sólo dos fuerzas marginales como los andalucistas y los federales consideraron este anteproyecto insuficiente. Nada se hizo hasta la asamblea de Córdoba del 29 al 31 de enero de 1933, donde se aprobaron unas bases para el Estatuto de Autonomía de Andalucía que se alejaban del anterior anteproyecto y se aproximaban a los estatutos catalán o gallego. Sin embargo, los representantes de Granada, Jaén y Almería, por un lado, y Huelva, por otro, volvieron a expresar su rechazo a una autonomía andaluza, llegando los primeros a abandonar la asamblea. El 5 de julio se celebró en Sevilla otra convocada por su Diputación sin que se alcanzasen resultados concretos. La sublevación militar que se produjo poco después y el origen de la Guerra Civil hizo morir el proceso. Durante la guerra Blas Infante fue fusilado.

Hoy se cumplen los 35 años del enorme embrollo político que supuso el bloqueo de la Autonomía de Andalucía cuando el 28 de febrero de 1980 los andaluces lograron superar las duras condiciones políticas pactadas por la UCD de Suárez y el PSOE de González y que suponían lograr la mitad más uno de síes, no sólo de los votantes sino del censo de votantes antes de concederle la capacidad de autogobierno al mayor de los territorios de España. Aquel 28 de febrero todas las provincias andaluzas superaron dicha barrera. Todas salvo Almería, donde sólo se consiguió rozar la mayoría absoluta de los electores, aunque sí se logró la mayoría absoluta del voto afirmativo en la mitad más uno de los votantes.

Tras el duro varapalo moral para los andaluces, los responsables políticos comenzaron a buscar la salida al conflicto, empezando por la propia reforma de la Constitución, que el Congreso rechazó el 18 de junio de ese mismo año. Finalmente, en septiembre tuvo lugar la cuestión de confianza a la que Suárez sometió a la cámara, oportunidad que Alejandro Rojas-Marcos -entonces portavoz en el Congreso de los cinco diputados del Grupo Andalucista- aprovechó para buscar el desbloqueo por el artículo 144 de la Carta Magna para que Andalucía lograse su autonomía por la vía rápida -artículo 151- en lugar de por la lenta -143-. Durante la sesión del 17 de septiembre de 1980, los andalucistas ofrecieron a Suárez salir indemne de aquella moción de confianza: votarían a favor de la misma siempre y cuando el gobierno de la UCD se comprometiera a que el anteproyecto del Estatuto se elaborase por un proceso similar al usado para el catalán y el vasco y buscara la salida para que Andalucía lograse la autonomía plena del artículo 151 de la Constitución.

La respuesta del gobierno llegó en la misma sesión de boca del entonces ministro Rodolfo Martín Villa, que dijo: “Es intención del Gobierno, si cuenta con la aceptación de la Cámara y previa audiencia de la Junta de Andalucía, recurrir al artículo 144 de la Constitución para conseguir mediante un procedimiento especial la adopción de un Estatuto que contenga las instituciones y competencias ya establecidas para los estatutos actualmente en vigor”. Es decir, la UCD asumía así las demandas para otorgar a Andalucía una autonomía en pie de igualdad a las de Cataluña y País Vasco. Al día siguiente, la prensa reconocía el éxito de los andalucistas en el Congreso que, pese a la sorpresa de muchos, habían logrado el desbloqueo del proceso autonómico. ABC tituló Andalucía tendría autonomía plena; El País dijo La autonomía andaluza se negociará de modo similar a la vasca y catalana, mientras  El Correo de Andalucía decía Martín Villa aceptó todas las condiciones de Rojas-Marcos, e Ideal de Granada aseveraba Suárez cedió a todas las demandas andaluzas y Rojas-Marcos recuperó el 28 de febrero. El desbloqueo que el PSA de Rojas-Marcos logró entonces en el Congreso jamás le sería reconocido en las urnas.

Las comunidades autónomas que incluyen en su Estatuto de Autonomía un auto reconocimiento como nacionalidad o nacionalidad histórica, y que por tanto son legalmente reconocidas como tales, son Andalucía -1981 y 2007-, Aragón -1996 y 2007-, Islas Baleares -1983 y 2007-, Canarias -1996-, Cataluña -1979 y 2006-, Comunidad Valenciana -2006-, Galicia -1981- y País Vasco -1979-, mientras que Asturias, Cantabria y Castilla y León son autodenominadas por sus respectivos Estatutos de autonomía como Comunidades Históricas; el resto, excepto Madrid, utilizan las denominaciones de Regiones Históricas o Identidades Históricas. La plurinacionalidad es un debate complejo, delicado por la necesidad de conocer la historia antes de decidir posiciones políticas por mero interés electoral y de todo punto obsceno que se frivolice con algo tan serio como es el sentimiento patrio. Tanto como que otros pretendan hacer suya la bandera del andalucismo por el mero hecho de que el espacio haya quedado huérfano.

INE. Otra cosa es establecer qué resultados han dado los procesos políticos autonómicos para cada comunidad, que al final es lo que al ciudadano importa y que, en todo caso, es fruto de la gestión de cada cual y, también y por añadidura, responsabilidad directa del elector que libre y democráticamente ha elegido a sus gobiernos. De las quince ciudades con más índice de paro de España, trece pertenecen a Andalucía. De ellas, Sanlúcar -37,9 por ciento-, Jerez -36,1-, La Línea -35,2-, Chiclana -35,1- y Cádiz -32,7- son de la provincia de Cádiz, que cuenta el honor de tener en Sanlúcar la segunda ciudad de España con menor renta media situada en 14.462 euros. Todo ello según la estadística publicada esta semana por el INE y, la verdad, resulta llamativo que estos datos se repitan año a año y nadie grite. No hay convulsión política, ni planes especiales de empleo, ni presiones en Parlamento o Congreso, ni manifestaciones públicas, ni asociaciones tipo contra el toro de lidia o en defensa del espacio público para el camaleón autóctono que proteja al andaluz o gaditano parado, que es un ser gris, neutro e institucionalmente olvidado, algo así como el caminante en The walking dead al que solo parece redimirá un estacazo en la frente. Igual habría que plantearse la idea de esta nueva plurinacionalidad defendida por Sánchez y auto determinarse por libre y democrático referéndum para independizarse del resto porque, visto lo visto, es difícil que la cosa fuese a peor. Jamás lo veremos porque Andalucía se siente por encima de todo España, pero me marcho hoy pensando hasta dónde llegarían los temblores si la mayor comunidad, la más poblada, tanto casi como Portugal, frontera con África y paso del Estrecho, reclamase lo mismo que otros con insistencia hacen. ¿Lo imaginan?

Bomarzo

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