El sumario del "caso Astapa" contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) revela la existencia de una "complicada tela de araña de intereses económicos, relaciones familiares y de amistad, favores a discreción e incluso una red de nepotismo y de concesiones y contrataciones irregulares".

Según un informe policial que consta en la parte del sumario cuyo levantamiento ha sido acordado por el juez instructor, a una gran mayoría de personas que estaban en esta "madeja" les llegaron "inyecciones de dinero" de "las más diversas formas", ya sea pagos por servicios, eventos musicales o festivos, subvenciones a equipos o actividades deportivas.

Los investigadores aportan una "exhaustiva" relación de los pagos efectuados por las tres principales sociedades que dentro del holding Valle Romano tuvieron una "importancia clave" en Estepona: Compañía Promotora del Comercio del Estrecho SL, Aedificat 2002 SA y Yerecial SL.

La pauta se repitió durante cuatro años (2004 a 2006), si bien durante 2007 se produjo "fruto del desgaste, una separación y desvinculación" del holding Valle Romano con respecto a los asuntos del Ayuntamiento de Estepona.

El "tremendo desembolso económico" realizado por las sociedades del entorno de Valle Romano, y las "crecientes exigencias" por parte de los miembros del gobierno municipal de Estepona hicieron que los primeros se hubieran "quemado", según la Policía, que añade que de varias conversaciones se deduce que se sentían "exprimidos".

Como contraprestación a las aportaciones económicas, el grupo Valle Romano obtuvo la firma de importantes convenios urbanísticos, entre los que el informe recoge la cesión del Consistorio de terrenos municipales.

Una de estas aportaciones, de 872.113,52 euros, fue abonada por Aedificat a Drive Music, lo que a juicio de los investigadores demuestra que Valle Romano se hizo cargo de "gran parte de los eventos" que el Ayuntamiento realizó en Estepona.

Este tipo de aportaciones se llevaron a cabo a través de distintos conceptos, tales como patrocinios de eventos, apoyos a la campaña de las elecciones municipales de 2007 y otras contraprestaciones económicas.

La Policía cree que los pagos pudieron llevarse a cabo en ocasiones mediante dinero en efectivo que no constaría ni en la contabilidad del Ayuntamiento ni en la de la sociedad mercantil que aportaba dicha cantidad o bien facturando a otras empresas "manejadas por personas cercanas a los responsables del Consistorio".

Entre ellas figuran empresas de jardinería, de publicidad, dedicadas a la gestión de conciertos y otros eventos, "todo ello dependiendo de las necesidades del momento".

El informe recuerda que la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) prohíbe expresamente hacer frente a los gastos corrientes, como nóminas o facturas, con ingresos procedentes de los proyectos urbanísticos.
Aportaciones de empresarios permitían "colchón de dinero" sin control

El "colchón de dinero" procedía de los empresarios

Por otra parte, los informes policiales revelan que las aportaciones económicas de diferentes empresarios permitían a algunos de los imputados en el caso un "colchón de dinero" que no era controlado por nadie.

Dichas aportaciones eran destinadas a diferentes usos y no quedaba reflejado en ningún sitio, según uno de los informes policiales. Entre las presuntas irregularidades que supuestamente se podrían haber cometido se expone que los Convenios urbanísticos realizados en el Ayuntamiento de Estepona podrían haber sido, en su mayoría, valorados a precio inferior al de mercado.

De esta forma los responsables del Consistorio tendrían una reserva de dinero con el que podían efectuar distintos pagos de las concejalías, financiación de los distintos partidos políticos gobernantes, facturaciones a distintas empresas directamente relacionadas con personal vinculado al Ayuntamiento y manejo de grandes cantidades de efectivo.

Además presuntamente había una financiación de los gastos de las distintas delegaciones del Consistorio con dinero procedente de empresarios.

Estos pagos se efectuaban claramente como contraprestación económica por la firma de Convenios urbanísticos, concesión de determinadas licencias, tratos de favor y adjudicaciones a dedo, siempre según la versión de los investigadores.

Otras irregularidades detectadas por los investigadores son las de los pagos a los trabajadores del Consistorio, que en determinadas ocasiones se abonaban con dinero procedente de Convenios urbanísticos y con dinero destinado a otros asuntos.

La instrucción del sumario se inició en junio de 2008 cuando fueron detenidas 25 personas, entre ellas el entonces alcalde del PSOE Antonio Barrientos, y hasta el momento se ha saldado con 63 imputados, todos ellos en libertad, 23 de ellos tras el pago de diversas fianzas.