El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que indaga los avales y préstamos concedidos desde la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) a la empresa Isofotón, declarada en concurso de acreedores, ha solicitado a la Fiscalía y a las partes personadas en la causa que se pronuncien sobre "la procedencia de dictar orden de detención inmediata" contra el que fuera presidente de la entidad, Ángel Luis Serrano Serrano, por no comparecer a su citación como investigado este pasado jueves alegando un "viaje de negocios" que tenía programado" a México D.F.
Así queda de relieve en una providencia emitida el pasado miércoles por la juez instructora Patricia Fernández Franco y recogida por Europa Press, después de que la representación de Serrano Serrano comunicase al juzgado que al mismo no le sería "posible" asistir a su citación como investigado, pero manifestando su "voluntad de comparecer" en una nueva fecha que se dictase a partir del 1 de noviembre.
Y es que según la representación de Serrano Serrano, antes de su citación el mismo tenía "programado un viaje de negocios" en estas fechas desde Panamá, donde reside, a México D.F., extremo por el cual había solicitado el aplazamiento de dicha comparecencia. Pero al denegar tal extremo el juzgado por no ser "causa de suspensión el motivo esgrimido", a través de una providencia de fecha 21 de septiembre, la defensa del investigado había recurrido dicha providencia.
Dado que 24 horas antes de la hora fijada para la comparecencia no había sido resuelto aún el recurso de reforma promovido contra tal providencia, la representación de Ángel Luis S.S. comunicaba así que al aludido le sería "imposible" acudir, ante lo cual la juez instructora, como ha sido señalado, ha pedido a las acusaciones que se pronuncien sobre "la procedencia de dictar orden de detención inmediata".
Su hermano Diego Serrano Serrano también estaba citado a comparecer como investigado, sin que asistiese tampoco aunque por una incidencia con la notificación, según han precisado a Europa Press fuentes del caso. Sí compareció el que fuera responsable financiero de la empresa, Óscar L.G., quien habría manifestado que Isofotón carecía de un "inversor" que afrontase las pérdidas de la empresa y que no supo de la venta de las acciones de la entidad al Grupo Affirma y Top Tec por un precio simbólico de un euro, hasta después de la operación y a través de terceros.
Además, habría explicado que Ángel Luis Serrano Serrano le comunicó que en la negociación previa a dicha venta, la Junta se habría comprometido a proporcionar una financiación de 35 millones de euros a la entidad a cambio de mantener los puestos de empleo de la empresa, una cuantía adicional a un aval de cinco millones de euros concedido por la Administración andaluza antes de aquella operación y un posterior préstamo de unos ocho millones por parte de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía.
NUEVAS CITACIONES EL LUNES
Para el lunes de la semana que viene, además, están citados otros cinco investigados, entre los que figura Bienvenido Martínez, miembro del consejo de administración de Invercaria y director de Inversiones Estratégicas en la Agencia Idea de la Administración andaluza, mientras para el mes de noviembre están citados los exconsejeros socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Martín Soler.
La juez instructora, además, ha solicitado recientemente a la Consejería de Presidencia las actas de las sesiones del consejo de gobierno de la Junta de Andalucía celebradas entre 2005 y 2015 que incluyan acuerdos sobre los citados avales.
La petición de la juez Patricia Fernández Franco respecto a los acuerdos adoptados por el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía con relación a los avales de Idea a Isofotón abarca así los periodos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz como presidentes de la Junta, siendo condenados los dos primeros en la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla sobre el procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiados los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.
Recordemos que en las diligencias previas que tramita dicha instancia judicial sobre los avales y préstamos de Idea y su filial Soprea (Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía), a la empresa malagueña Isofotón, han sido apreciados posibles delitos continuados de malversación y prevaricación, así como otro delito de falsedad en documento público.
LA EMPRESA ESTABA "PRÁCTICAMENTE EN CAUSA DE DISOLUCIÓN"
Según el juzgado instructor, Idea concedió diversos avales a Isofotón, cuando la situación financiera de la misma era "absolutamente precaria, incurriendo prácticamente en causa de disolución", pues en 2010 las participaciones sociales de la entidad fueron enajenadas en favor del Grupo Affirma (80%) y Top Tec (20%), "por un precio simbólico de un euro", lo que no impidió que la empresa cosechase "cuantiosas ayudas con cargo al erario público".
Es más, tras el citado relevo societario, "Isofotón y las entidades de su entorno comienzan a pagar cuantiosas cantidades a entidades del Grupo Affirma bajo la dirección de los hermanos Ángel y Diego S.S.".
Según el Juzgado, Isofotón y las sociedades de las que participa recibieron fondos públicos por valor de más de 80 millones de euros entre 2005 y 2012, mediante "avales e incentivos directos a fondo perdido", toda vez que "los avales otorgados por la agencia Idea presentan graves irregularidades relativas a la inadecuación de procedimiento y en cuanto a las garantías prestadas, muy deficientes e insuficientes para responder de las cantidades avaladas".
Para el juzgado, la agencia Idea "debía conocer la deficitaria e irregular situación de Isofotón", mientras la Soprea, como filial de Idea, concedió a la empresa un préstamo de casi 8,4 millones de euros, "pese a constar los incumplimientos respecto a las ayudas otorgadas anteriormente por Idea".
