El pleno ordinario de febrero celebrado este jueves ha aprobado una moción del equipo de gobierno para demandar al Estado un mayor apoyo económico a la administración local en sus Presupuestos Generales de 2018.
“Los trabajadores y trabajadoras de la Administración Local y del conjunto de servicios públicos han sufrido bajadas salariales, aumentos de jornada y carga de trabajo, además de tener prohibida de facto la negociación colectiva, por los sucesivos reales decretos”, ha recordado en su exposición el concejal de Economía y Hacienda, Manuel Arroyo.
“Las cifras macroeconómicas del pasado y actual año son positivas, con crecimientos del PIB del 3,2% en 2016, pero no se traduce en una mayor igualdad, sino al contrario los beneficios empresariales se han triplicado mientras que los salarios siguen estancados”, ha añadido.
“En la administración local no se está creando empleo sino todo lo contrario, así como la calidad del empleo está siendo insuficiente para dar los Servicios necesarios que requiere la ciudadanía, porque el Gobierno del Estado lo impide a través de medidas como la ley de presupuestos”, ha valorado el concejal.
“Las administraciones locales, a pesar de tener la mayoría unas cuentas saneadas, y tener superávit, se ven limitadas para dotar los servicios públicos con presupuesto adecuado y con los empleados públicos necesarios, porque el Gobierno del Estado lo impide a través de la ley de presupuestos, manteniendo la tasa de reposición, la limitación de ofertas públicas de empleo y las prioridades en el gasto, así como mantienen el techo de gasto, no permitiendo que los ayuntamientos saneados económicamente inviertan en las necesidades de cada municipio”, ha denunciado Arroyo.
Por todo ello, el equipo de gobierno ha instado al Gobierno del Estado y al Parlamento que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 contemplen: una correcta financiación de la administración local, “que nos garanticen el acceso universal a unos servicios de calidad e igualdad de oportunidades”: el refuerzo de servicios públicos, como Enseñanza, Servicios Sociales y Dependencia, Suministro de Agua, servicios de atención al público, I+D+I, entre otros, “que permita una mejora la calidad de vida, la cohesión social, dinamizar la economía local y generar empleo”; un aumento en las inversiones públicas por un avance en nuestras infraestructuras, “que además de generar empleo, es garantía de cohesión social y territorial”; modificar las limitaciones en las prioridades de gasto e inversión de sus presupuestos en las administraciones locales; eliminar las limitaciones a la creación de empleo público en las administraciones locales, prescindiendo de la tasa de reposición y permitiendo nuevas ofertas de empleo público, así como un plan de ofertas extraordinarias de empleo en un tiempo determinado para recuperar los empleos perdidos desde el 2012; desarrollar el Estatuto del Empleado Público y permitir una negociación colectiva real en cada administración con sus empleados públicos; y, por último, cláusulas sociales obligatorias en la contratación pública que garanticen la eficiencia y transparencia del servicio.
“Por todas estas razones, el Ayuntamiento de Benalmádena muestra su rechazo al Proyecto de Ley General de presupuestos 2018 por atentar contra la autonomía municipal”, ha finalizado Arroyo.
