Asociaciones de internautas y del sector informático estudian recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley Sinde, una norma que consideran “ineficaz” para luchar contra la piratería en internet y que opinan no resuelve el problema de fondo, la reconversión del modelo de negocio cultural.

Además, auguran que debido a su precipitación, la ley Sinde será reformada “nada más que se publique”, ya que la UE tiene previsto revisar una directiva sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual teniendo en cuenta los retos de la difusión de la cultura en internet y los medios digitales.

Representantes de las asociaciones de internautas (AI), usuarios de internet (AUI), la asociación de empresas de internet (ANEI), la de música en internet (AMI), en nombre de otra treintena de organizaciones vinculadas al sector, explicaron en rueda de prensa las consecuencias de la ley Sinde y las acciones que tienen previsto emprender para frenar su aprobación.

Las asociaciones apelan a la “conciencia” de los senadores para que rechacen la enmienda pactada entre PSOE, PP y CiU porque consideran introduce “inseguridad jurídica” al poner a los jueces “en el papel de certificadores” y dar más facultades a la comisión de propiedad intelectual, calificada por el presidente de AI,
Víctor Domingo, como “comisión de censura a internet”.

“La ley Sinde tiene que aparcarse y el canon ser eliminado”, afirmó el presidente de la Asociación de Usuarios en Internet, Miguel Pérez Subías, quien abogó por “reformar a fondo” la Ley de Propiedad intelectual pues “el problema es de reconversión industrial y no de cerrar páginas web”.

Respecto a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad de la ley, Pérez Subías explicó que “se está estudiando” y que éste se fundamentaría, entre otros argumentos, en el párrafo de la enmienda que atribuye a la comisión, previa autorización judicial, el cierre o retirada de los contenidos de una web “siempre que directa o indirectamente actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial”.

Según Pérez Subías, “que se pueda cerrar una página web por si acaso puede hacer daño es algo que no cabe en la Constitución”.

En opinión de las citadas asociaciones, tanto la ley Sinde como la aplicación del canon digital son normativas que benefician “a los intermediarios y a los creadores famosos”, en perjuicio de los usuarios y de artistas para los que internet es su fuente de promoción.

“El futuro no pasa por lo que nos quieren imponer los que han triunfado con el modelo anterior”, subrayó Pérez Subías.

Las organizaciones consideran que la ley Sinde será ineficaz pues la mayoría de páginas web de descargas de contenidos ilegales están alojadas en servidores extranjeros contra los que no se podrá actuar.

Respecto a la dimisión del presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, por su desacuerdo con la nueva ley Sinde, Víctor Domingo ha asegurado que es la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, la que debería dimitir. “Lo importante es que dimitiera la ministra de Cultura”, aseguró Domingo.