El alcalde, Bruno García, evitó valorar las cifras publicadas por VIVA CÁDIZ que ofrece la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para adquirir los pisos que tienen en propiedad en la fase octava del Cerro del Moro como paso previo para poder acceder, si reúnen los requisitos necesarios, a un alquiler social durante 50 años con opción a compra a partir de entonces, en el edificio que el Gobierno de Juanma Moreno ha licitado para su construcción.
La propuesta sobre la mesa oscila entre los 30.000 y los 37.000 euros, “una miseria”, según el testimonio de los afectados. Lo cierto es que con esta cantidad, AVRA obtendría la titularidad de los inmuebles al mismo coste por el que se puede disponer en el mercado privado de un garaje en San Felipe, algo más económico, o en Beato Diego, de acuerdo a los anuncios de webs especializadas.
Lo que sí hizo el primer edil fue dudar de que los vecinos hayan mostrado mayoritariamente su rechazo a la oferta de AVRA, tal y como ha sostenido Enrique Estévez, representante de los afectados.
Bruno García indicó que el organismo público mantiene contactos individualizados con cada familia y que “hay muchas personas que están de acuerdo” con las condiciones que ha planteado la Administración autonómica, si bien no se ha firmado ningún contrato..
Además, aprovechó la pregunta en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno del pasado 25 de octubre para deslegitimar la voz de Estévez como portavoz de los vecinos del edificio en ruinas del Cerro del Moro.
Ya lo hizo hace unos meses la delegada del Gobierno, Mercedes Colombo, concretamente el 24 de julio, aunque no se refirió abiertamente a él, al apuntar que los afectados “que se están manifestando públicamente es, por lo que tengo entendido, porque no cumplen” los requisitos “para acceder” a las viviendas protegidas en alquiler. “Algunos tienen otras propiedades”, añadió, remarcando que eso impediría, una vez que vendan su propiedad actual, disponer de uno de los 67 inmuebles que se construirán.
Estévez, que lamentó la falta de lealtad institucional entonces, insiste ahora que el alcalde les ha fallado tras pedirle amparo. Y mantiene que 65 familias han confiado en él para defender sus intereses, al margen de la decisión que tomen en última instancia con AVRA.
De hecho, el Defensor del Pueblo andaluz recibió a finales de agosto, primero, y nuevamente a principios de septiembre, escritos de 65 vecinos delegando la representación en este portavoz.
En cualquier caso, el problema del Cerro del Moro arroja más preguntas que respuestas ante el silencio institucional sobre los aspectos claves de la operación. No se trata únicamente del precio por las actuales viviendas y las condiciones para optar a las nuevas. Queda por concretar qué sucede si alguna familia o varias del bloque que se prevé demoler se niegan a vender, dado que, según explican, la Junta de Andalucía prevé construir otros 26 pisos en esa ubicación.
