Un arquitecto, un promotor y dos constructores han sido imputados por una promoción ilegal de viviendas unifamiliares en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado, los imputados son J.P.S., arquitecto superior, por un delito de falsedad documental, M.M.A., promotora, por delitos contra la ordenación del territorio y los constructores-promotores A.R.G. y M.G.G., por delitos urbanísticos.

La investigación fue ordenada por el Juzgado mixto 3 de Chiclana a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Las viviendas fueron edificadas en una parcela de 4.500 metros cuadrados en una zona conocida como Pago Carrascal que fue fragmentada en cuatro partes iguales separadas con un muro de obra.

En las cuatro parcelas existen viviendas unifamiliares totalmente terminadas, tres de ellas con piscina y todas con evidencias de habitabilidad.

Todo ello se ha realizado en suelo clasificado como "suelo no urbanizable", es decir suelo rústico en el que se precisa licencia municipal de obras, con la particularidad de que ninguna de ellas la poseía.

Al tratarse de una infracción administrativa urbanística, la policía recabó un informe del Ayuntamiento, gracias al cual se pudo determinar que en todas las viviendas se había incoado expediente sancionador.

Uno de los elementos de prueba empleado por los investigadores de la Policía autonómica han sido las ortofotografías de los años 2000-2001, 2005 y 2008, correspondientes a la finca investigada, cuyas imágenes fueron incluidas en el atestado policial.

En las imágenes se evidencia la evolución cronológica de las construcciones.

Los funcionarios policiales han comprobado que para el acto de división el arquitecto superior J.P.S. presentó un documento en el año 2004 en el que certificaba que en la finca se encontraban cuatro edificaciones con cinco años de antigüedad, destinadas a viviendas unifamiliares de una planta sobre rasante.

Esta aseveración ha quedado desvirtuada tras la comparación de las ortoimágenes aludidas, los testimonios de los anteriores propietarios y el contenido los documentos investigados notariales y registrales de Declaración de Obra Nueva y División Vertical consultados por los investigadores, según la Junta.