El Grupo Socialista en el Congreso ha registrado una Proposición no de Ley para que la cámara rechace la iniciativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de vender y privatizar la finca de La Almoraima, en el término municipal de Castellar de la Frontera, y en la que reclama la cesión de esta finca pública para que pase a ser gestionada por la Junta de Andalucía.
El diputado socialista por Cádiz Francisco González Cabaña firma esta iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que se rechaza "radicalmente" la iniciativa del Gobierno central de privatizar la finca "convirtiendo algo público en un negocio privado" ya que, a su juicio, "pone en riesgo la continuidad de uno de los pilares socioeconómicos más importantes" de la zona.
El PSOE alerta del "riesgo" de que se dañe "irreversiblemente" uno de los parajes medioambientales "más importantes de Andalucía", el Parque Natural de Los Alcornocales, en el que se integran más de 12.700 hectáreas de las 14.100 que tiene la finca.
Asimismo, mantiene que el espacio constituye un "elemento singular" dentro del conjunto de recursos naturales, paisajísticos y culturales del Campo de Gibraltar y subraya que es "una de las fincas más importantes de nuestro país" que goza de un "potencial enorme" para las poblaciones cercanas a Castellar de la Frontera, genera "un buen número" de jornales y mantiene una calidad medioambiental que "podría ponerse en riesgo".
TITULARIDAD PARA LA JUNTA
González Cabaña también asevera que la producción de corcho, la explotación cinegética, las actividades agrícolas y ganaderas y las de turismo rural son sus "pilares" actuales y pueden generar en un futuro a corto y medio plazo otros tipos de recursos y aprovechamientos "en el caso de que la gestión y la titularidad fuera de la Junta de Andalucía".
En ese sentido, recuerda que el Parlamento andaluz aprobó el pasado mes de marzo una resolución que solicitaba al departamento que dirige Miguel Arias Cañete la cesión de La Almoraima.
Por último, el diputado socialista apoya su petición basándose en las inversiones de algo más de diez millones de euros que se han realizado en la finca durante los años 2009 y 2010 "con el interés de mejorar las infraestructuras y la gestión integral de la misma".
