La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Cádiz, ha manifestado su oposición absoluta a la llegada de seguridad privada a los centros penitenciarios de toda la provincia, a partir del día 1 de octubre (así como en toda España). En la provincia, la vigilancia perimetral de las prisiones ya estaba instalada, a modo de prueba, en Algeciras y en Puerto II desde el año pasado, pero ahora, ya es una realidad en todos los centros de la provincia.
La posición de CSIF en contra de la medida de Instituciones Penitenciarias se debe a que supone un gasto adicional, pues la vigilancia de los centros y la custodia exterior ya los hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (Guardia Civil y, excepcionalmente Policía Nacional en Puerto III). Además de aumentar el gasto público, esta política evidencia la tendencia privatizadora en las prisiones de España. No en vano, CSIF lleva más de un año movilizándose con manifestaciones y concentraciones de rechazo a la política del Gobierno, a través de Instituciones Penitenciarias.
CSIF calcula que, a nivel provincial, las empresas que se encargan de esta gestión han contratado entre 60 y 70 vigilantes de seguridad para la custodia exterior de los cuatro prisiones que hay en la provincia (las tres de El Puerto y la de Algeciras-Botafuegos). A nivel nacional, el año pasado se contrataron 250 vigilantes privados y, a partir de este mes de octubre, el número asciende a 800 vigilantes, para 203 puestos repartidos en 67 centros penitenciarios del país.
CSIF denuncia que mientras existe una Oferta de Empleo privada de 800 trabajadores anuales, la Oferta de Empleo Público para Instituciones Penitenciarias en los tres años de legislatura popular ha sido de 84 Empleados, para la apertura entre el 2009 y el 2012 de 14 Centros de Inserción Social y cinco macrocentros (Las Palmas II, Menorca, Álava y Pamplona). Oferta de Empleo Pública, que sumado a la escasa reposición por jubilaciones, resulta totalmente insuficiente para un sector prioritario y para la calidad del servicio que presta este colectivo que pone en riesgo sus vidas por la cantidad de agresiones que padecemos.
