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Lunes 08/08/2022
 

Córdoba

El impulso de la Administración Electrónica confirmó que había medios

Una tesis defendida en la Universidad de Córdoba sobre el tránsito de la Administración de papel hacia la Administración Electrónica, premiada por la Junta

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  • Patricia Soriano Bautista.

El impulso de la Administración Electrónica ha puesto de manifiesto que la Administración andaluza disponía de medios técnicos y humanos para hacer frente a esta nueva realidad, según ha afirmado Patricia Soriano Bautista, autora de una tesis doctoral sobre este tema premiada por la Junta de Andalucía.

Soriano, funcionaria del Cuerpo de Administradores de Gestión Financiera de la Junta de Andalucía, ha recibido uno de los Premios Blas Infante de Estudio e Investigación sobre Administración y Gestión Pública, en su décimo octava edición, por su tesis doctoral, defendida en la Universidad de Córdoba sobre el tránsito de la Administración de papel hacia la Administración Electrónica.

En ella pone de manifiesto el sesgo informático, que facilita la celeridad en la tramitación, y la brecha digital, que se genera en las personas que carecen de los medios o de la formación para relacionarse con las Administraciones de manera telemática.

Patricia Soriano subrayó a Efe que en su tesis, que recibió la calificación de sobresaliente cum laude, "he intentado reflejar la etapa intermedia de tránsito desde el papel a lo electrónico, en un proceso de retroalimentación entre su trabajo y la elaboración de la tesis, procurando plasmar la realidad de la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, y aplicando las enseñanzas doctrinales y jurisprudenciales para lograr mayor eficiencia y eficacia administrativa, y sobre todo un mejor servicio a la ciudadanía".

A su juicio, "el avance experimentado ha sido considerable, si bien todavía queda mucho trabajo por desarrollar hasta llegar a la plena implantación de la Administración Electrónica".

Entre los peligros que aun quedan en el camino, destacó "el de subordinación del derecho a las nuevas tecnologías, siendo necesaria la flexibilidad tecnológica", mientras que "para la ciudadanía, como destinataria última de los servicios administrativos, está el peligro de la brecha digital o el sesgo positivo, que favorece al administrado electrónicamente”.

En la tesis explica que "es indudable que la brecha digital supone una discriminación en perjuicio de personas que o bien no tienen acceso a los medios técnicos para relacionarse con las Administraciones o bien carecen de formación y conocimientos necesarios para el uso de estas nuevas tecnologías" y que el sesgo informático es una "discriminación positiva a favor del administrado electrónicamente, y que es inevitable, derivado de la celeridad de la tramitación por medios electrónicos".

La premiada aprovechó su reconocimiento para reivindicar, desde su condición de profesional de la función pública, la figura del empleado público, "tan denostada en la opinión pública, olvidando que los servicios públicos funcionan gracias a su trabajo, que han tenido que adaptarse rápidamente a las nuevas formas de gestión, a medios también nuevos, con escasa formación en nuevas tecnologías, y que han sido los grandes olvidados en las distintas normas que han regulado la materia".

En todo caso, subrayó, "a pesar del avance experimentado, son todavía numerosos los retos a los que se enfrentan las Administraciones públicas por la implantación de las nuevas tecnologías".

Entre ellos, destacó "un cambio profundo que afecte a procedimientos, a estructuras y al elemento personal para aprovechar las potencialidades de la Administración Electrónica, o un desarrollo normativo que dé cobertura a todo este proceso".

Reivindicó, en todo caso, "estos cambios que faciliten la plena implantación de la Administración Electrónica por las ventajas que conlleva", ampliamente analizadas en su trabajo, "considerando la actual etapa de transición como de aprendizaje y de consolidación del avance experimentado".

La tesis ahora reconocida "aborda un tema de gran actualidad y sobre el que aun laten demasiadas incertidumbres y pocas certezas", según la describió en su informe su director, el catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Córdoba, Mariano López Benítez.

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