La delegada de Salud y Consumo de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, ha presidido la cuarta reunión de coordinación de la comisión contra las agresiones al personal sanitario de la provincia, momento en el que ha destacado la nueva Ley de Función Pública andaluza para incidir en la protección de los profesionales sanitarios frente a agresiones, recalcando que en 2023 se han registrado cuatro sentencias condenatorias por agresión a sanitarios".
"Los profesionales sanitarios y el personal de gestión y servicios tendrán la consideración de autoridad pública y gozarán de la protección reconocida por la legislación vigente en el desempeño de sus funciones"La comisión provincial contra las agresiones a profesionales de centros sanitarios es un instrumento contemplado en el Plan de Prevención y Atención entró en vigor hace tres años y cuenta con la participación de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la asesoría jurídica del SAS, los referentes en materia de agresiones de los hospitales, distritos, áreas sanitarias, así como el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de la provincia.
El Plan de Prevención y Atención a las Agresiones se puso en marcha en 2020 para encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de estos ataques verbales o físicos.
Este plan, entre otros puntos, ha permitido crear la figura del 'profesional guía', con el objetivo de acompañar, asesorar en los trámites y dar apoyo al profesional sanitario que sufre una agresión.
