Luis Romero, el abogado que ejerce la acusación particular en nombre de los padres del soldado Carlos León Rico, fallecido el pasado 21 de diciembre en un ejercicio acuático en la base militar de Cerro Muriano, ha pedido públicamente a quienes conozcan detalles o antecedentes de los hechos que se pongan en contacto con su bufete.

En un mensaje distribuido en varias de las redes sociales del despacho jurídico que dirige, Luis Romero Abogados, con sede en Sevilla, el letrado anima a que se ponga en contacto con el bufete "cualquiera de los que estuvieran presentes esa mañana y quiera decir algo más de lo que hayan manifestado ya a la Guardia Civil o dicho a sus superiores porque hayan tenido miedo, se le haya hecho algún tipo de advertencia o presión y quiera contarnos algo más".

Este llamamiento lo hace tanto a los militares de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, donde sucedieron los hechos y donde también perdió la vida ahogado el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, como a los de cualquier "otro cuartel o alguien, aunque no sea militar, que sea médico o enfermero, y nos explique cómo eran realmente las condiciones aquella mañana y si alguno de los responsables, principalmente el capitán, ya en otras ocasiones tuvo participación" en hechos similares.

"Tenemos muchos datos y se sigue investigando, pero quiero también informar que altos cargos militares, y cuando hablo de altos cargos militares hablo de jefes, hablo de jefes, oficiales y de suboficiales, que se han puesto ya en contacto conmigo, con mi bufete y nos han aportado bastante información muy valiosa", subraya el abogado en el vídeo.

Romero aclara que esta información no solo se refiere "sobre lo que ha ocurrido ya en este caso y ha podido ocurrir, que podría tener una explicación, sino lo que ha ocurrido en otros accidentes militares, incluso mortales, y por qué muchos se tapan, otros no llega la investigación hasta el final y otros no pagan todos los culpables y todos los responsables".

Tapar lo que realmente ocurre

Con ello, enfatiza, se traslada "cómo desde un ámbito u otro se trata de ocultar lo que realmente sucede para calificarlo como un simple accidente y no como un delito".

Por ello, reclama a que a través de cualquiera de las vías de comunicación con su despacho los militares que quieran aporten "alguna información de lo realmente ocurrido", incluso en el caso de que no hayan comparecido en las diligencias judiciales abiertas, se lo comuniquen.

El procedimiento judicial por un presunto delito contra la eficacia del servicio se sigue en el Tribunal Regional Militar 2 de Sevilla, que se ha hecho cargo del caso aunque la Audiencia Provincial de Córdoba aun no ha resuelto los recursos contra la inhibición del Juzgado de Instrucción número 4, que se encontraba de guardia el día de los hechos y que desarrolló las primeras diligencias.

El tribunal castrense ha imputado el delito contra la eficacia del servicio al capitán que dirigía el ejercicio, que fue separado del mando tras el suceso, a un teniente y a un sargento.

Para el abogado, "lo peor de todo es que cuando se le advirtió al capitán por sus propios subordinados" que se dejase el ejercicio para otro día dadas las condiciones que se daban esa jornada, este lo rechazó con palabras malsonantes.

El letrado sigue, con este llamamiento, la estela que, por dos ocasiones en la propia base militar de Cerro Muriano, ha expuesto la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Primero el 4 de enero en su primera visita a las instalaciones para conocer los hechos de primera mano y dirigirse a los compañeros de los fallecidos, testigos de los hechos, Robles les instó a que dijesen "la verdad" ante el juez "sin reservas" y que contasen "lo bueno y lo malo".

Posteriormente el pasado viernes, con motivo de la toma de posesión del nuevo general jefe de la Brigada, Fernando Ruiz Gómez, cuando volvió a reunirse con ellos les reiteró "que saben que tienen la obligación de colaborar con la Justicia, de tener el máximo rigor en decir la verdad de todo lo que ocurrió aquel terrible día".