El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba) ha presentado ante la Fiscalía cordobesa una denuncia por el caso del "trabajador fantasma", al creer que pueden ser "constitutivos de delito" los hechos hasta ahora conocidos, en relación con la contratación del hijo de la secretaria personal del alcalde, Santiago Cabello (PP), al que el Consistorio pagó durante seis meses, con cargo a un programa de empleo de la Junta de Andalucía, sin que el empleado acudiera a trabajar, y sin que se le haya reclamado todavía por el Ayuntamiento lo cobrado entre diciembre de 2022 y junio de 2023.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa el secretario general del PSOE de Pozoblanco, portavoz socialista en el Ayuntamiento y diputado provincial, Rafa Villarreal, quien ha afirmado que el Grupo Municipal Socialista ha "dado este paso por mera responsabilidad política", pues "hay que determinar si hay responsabilidad jurídica y eso, después de lo que hemos visto en la comisión de investigación, no se puede ver si no es en los juzgados".
En este punto, Villarreal ha recordado que fueron los socialistas, junto a IU, los que solicitaron la comisión de investigación en el Consistorio sobre este caso, "porque queríamos escuchar las explicaciones del alcalde y de las personas que estuvieran implicadas y porque era la única forma, también, de tener acceso a la información, una información que se nos ha ido negando sistemáticamente", pero lo que ha ocurrido es que es el propio alcalde es el que preside dicha comisión de investigación.
Entienden los socialistas que, "por respeto, por moralidad y por transparencia, el alcalde no debería estar de presidente de la comisión de investigación", pues "no puede ser juez y parte en este asunto", pero se mantiene, lo cual, junto con otras actuaciones de Santiago, evidencia, a juicio de Villarreal, que el alcalde "no tiene palabra, ni tiene compromiso y mucho menos lealtad con la institución a la que representa".
Tanto es así, según ha lamentado, que Santiago "todavía no ha dado explicaciones de por qué permitió que una persona cobrara sin venir a trabajar. Esa pregunta es incapaz de contestarla", mientras que lo que sí ha hecho el alcalde es retirarle las competencias de Personal al edil del PP Gerardo Arévalo, que investigó lo ocurrido y que le pidió explicaciones al alcalde, quien además, de acuerdo con el resto de concejales del PP, también le ha expulsado del Grupo Municipal Popular.
Por todo ello, el portavoz socialista ha justificado su denuncia ante la Fiscalía, asegurando que "este paso que hemos dado, no va contra nadie personalmente, sino que simplemente hemos actuado de forma responsable", porque "pensamos, tras asesorarnos, que los hechos pueden ser constitutivos de delito y actuamos en consecuencia, porque así se lo debemos a la ciudadanía de Pozoblanco y así nos lo han pedido".
