Representantes de los grupos municipales del PSOE y Hacemos Córdoba y de la Plataforma Comisión de la Verdad de Córdoba han manifestado su "preocupación" por el desarrollo del convenio suscrito en diciembre de 2021 para las exhumaciones de las fosas de represaliados que se encuentran en los cementerios de La Salud y San Rafael.
Según han expresado en un comunicado conjunto, estos representantes constataron en un reunión mantenida el pasado miércoles su preocupación por el desarrollo del convenio, un proyecto que debería desarrollarse de "forma ejemplar" para "mejorar la calidad democrática" de Córdoba.
Estas entidades han rechazado que "aún no se haya puesto en marcha la oficina de atención a los familiares de la víctimas, recogida en el convenio que firmaron el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento". "Un hecho que se podría haber producido desde la primera aportación económica del Gobierno de España realizada de manera inmediata tras la firma del convenio", han aseverado.
En este sentido, han resaltado que esta oficina juega "un papel fundamental" en la identificación de las víctimas, la coordinación de pruebas de ADN y la provisión de información crucial al equipo técnico para avanzar en las investigaciones. Además, esta oficina "debería promover actividades de divulgación que expliquen el contexto histórico en el que ocurrieron estos crímenes, identificando a los perpetradores y honrando la memoria de las víctimas".
Han señalado, además, que "sería beneficioso que se implementara un programa de 'Fosas Abiertas a la Ciudadanía', permitiendo que colectivos memorialistas, centros educativos y público en general puedan visitar estos espacios con todas las garantías técnicas necesarias". Asimismo, "se debe priorizar la agilización y coordinación eficiente de las pruebas de ADN, incluso considerando la posibilidad de realizarlas en Córdoba a través del sistema de salud público", han expresado estas entidades.
Por otro lado, han reprochado "la falta de información" por parte del gobierno municipal del desarrollo de los trabajos así como "la falta de difusión" del proyecto hacia la ciudadanía. Por ello, han acordado solicitar la convocatoria de la comisión de seguimiento del convenio donde participan las cuatro administraciones para abordar los "retrasos" que se están produciendo en "cuestiones fundamentales que dificultan el buen desarrollo del proyecto".
Los trabajos comenzaron el 23 de octubre de 2023 tras años para conseguir el acuerdo, la financiación y el apoyo de las administraciones y "tras 87 años para ofrecer reparación y descanso a las víctimas y a sus familiares". Recordaron que se estima que hay 4.000 personas enterradas en fosas comunes, de 34 provincias distintas y de quince países diferentes, han concretado las entidades que han apoyado el comunicado.
