La Junta de Andalucía ha precintado 300 parcelas y edificaciones ilegales situadas en junio y julio en los municipios de La Rambla (en Córdoba), La Línea de la Concepción, Chiclana, Paterna de Rivera, Barbate y Sanlúcar de Barrameda (en Cádiz), Brenes (en Sevilla) y Palos de la Frontera y Bonares (en Huelva).
En respuesta a una pregunta parlamentaria, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha explicado que esos resultados son fruto del trabajo de la inspección autonómica, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y ha avanzado que en las próximas semanas se llevarán a cabo actuaciones de precinto en otras cien edificaciones ilegales en municipios de las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Córdoba.
Además, se han llevado a cabo labores de reprecinto en 184 parcelas y edificaciones precintadas en operativos anteriores, a fin de comprobar su cumplimiento en San Roque y Vejer de la Frontera, ha informado la Consejería en un comunicado.
Ha comparado los 300 precintos realizados en apenas dos meses con “casi la ausencia total de precintos y edificaciones en 2018, último año del ejecutivo socialista, en el que no se precintó ninguna edificación y los expedientes de protección de la legalidad incoados afectaron únicamente a 38 parcelas".
En lo que va de año se han iniciado expedientes de protección de la legalidad que afectan a alrededor de 400 edificaciones y parcelas ilegales y se han levantado 450 actas en visitas de inspección al territorio.
Ha destacado que el incremento de la labor inspectora “está dando abundantes frutos”, sobre todo en medidas preventivas como los precintos, que buscan impedir la continuación de las obras y así evitar daños al territorio y procesos más dolosos como las demoliciones y derribos.
La consejera ha destacado el giro que se ha dado a la labor inspectora gracias a los cambios legislativos promovidos por la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que “por primera vez atribuye competencia directa a la comunidad autónoma para reaccionar ante infracciones cuya incidencia trascienda el ámbito municipal”.
El precinto de edificaciones y parcelas ilegales lleva aparejada una orden de suspensión de usos y de continuar las obras, con grandes consecuencias frente a los propietarios que las incumplan, puesto que dicha actuación está tipificada como infracción territorial y urbanística muy grave, con posible multa de 30.000 a 120.000 euros.
Además, el incumplimiento de cualquier medida provisional, mientras persista, puede dar lugar a la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del 10 % del valor de las obras ejecutadas, con un mínimo de 600 euros y un máximo de 5.000 euros.
