El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entidad adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, ha propiciado que 240 mujeres víctimas de violencia de género de Córdoba logren un empleo, gracias al servicio de atención integral y acompañamiento para la inserción sociolaboral de este colectivo, dirigido a mejorar sus competencias personales y profesionales y su posicionamiento laboral mediante la implantación de unidades de intervención, habiendose ocupado Cruz Roja de su desarrollo en Córdoba.
A este respecto y a través de una nota, la delegada territorial de Empleo, María Dolores Gálvez, ha explicado que este servicio, "que tendrá continuidad en septiembre", ha contado con un presupuesto de casi 140.000 euros "y ha superado todos los objetivos previstos de inserción antes de finalizar, con un 167 por ciento alcanzado".
La delegada territorial ha informado que las mujeres atendidas han recibido más de 11.000 horas de servicio, repartidas entre 960 horas de acogida, 1.546 horas de orientación, 7.694 horas de formación, y 984,5 horas de inserción".
Gálvez ha incidido en que es el propio SAE el "remite a la tutora del proyecto un listado con los teléfonos de todas las mujeres inscritas que cumplan los requisitos, para contactar y ofrecerles este servicio de atención integral y acompañamiento para la inserción sociolaboral", añadiendo que, a través de esta unidad, reciben apoyo psicosocial, orientación, formación, intermediación, ayuda a la búsqueda de empleo, captación de ofertas de trabajo, "y otras actuaciones que son necesarias para reforzar su empoderamiento y su cualificación profesional".
Las unidades están atendidas por personal técnico titulado en Psicología y Trabajo Social y con formación en integración laboral y experiencia en programas de intervención sociolaboral de este colectivo.
Son destinatarias de este servicio las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género y acrediten dicha condición y que se encuentren inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo, con independencia de que su situación laboral sea de desempleada u ocupada, teniendo la demanda en alta o suspensión con intermediación, y registrada la condición especial de víctima de violencia de género.
