El mes de septiembre no sólo marca el fin del periodo vacacional para muchas personas trabajadoras, sino que, para aquellas que han estado y continúan haciéndolo en su puesto de trabajo se producen una serie de cambios relacionados con las temperaturas y con las jornadas intensivas para evitar el estrés térmico, especialmente en los casos en los que, en el convenio correspondiente, aparece especificada esa cláusula de seguridad. Desde UGT Córdoba, el secretario provincial de Salud Laboral, Jaime Sarmiento, señaló hoy la finalización en la mayoría de los casos en estos días de septiembre la vigencia de estas medidas.
No obstante, señaló Sarmiento, “desde UGT Córdoba queremos hacer hincapié en que se deben seguir adoptando medidas preventivas en caso de estrés térmico”. Para ello, indicó, “es necesario que las personas trabajadoras que se incorporen a su jornada habitual que pasen por un periodo de adaptación que, aunque rápida en el tiempo, es importante para afrontar la transición desde una jornada intensiva a una jornada partida”.
El secretario de Salud Laboral ugetista recordó que las normas están recogidas en el Real Decreto 486/97, aunque “con respecto a las temperaturas hay una modificación de esta norma en el Real Decreto 4/2023 del mes de mayo, que completa el círculo en el sentido de que suma a la normativa sobre temperaturas en lugares de trabajo cerrados las medidas obligatorias de prevención para temperaturas en trabajos en exteriores”.
Sarmiento pidió que “tanto el empresario como las personas trabajadoras no caigan en una falsa confianza y respeten las condiciones establecidas no sólo en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sino también en estos reales decretos que regulan las condiciones de los puestos de trabajo y, en este caso, de las temperaturas”.
El secretario ugestista recordó, una vez más, que “el calor mata” y que, en Córdoba, “por nuestra situación geográfica, estamos en unas condiciones de elevadas temperaturas en periodos mayores de lo que dura el verano y que, en momentos determinados, se producen olas de calor incrementadas por el efecto del cambio climático” y señaló datos de monitorización de la mortalidad diaria, del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, “que nos llaman la atención y que deben ser conocidos para garantizar, desde su conocimiento y desde la cultura preventiva, el nivel de riesgo por estrés térmico en la provincia de Córdoba”.
Estos datos, que señaló que van referidos a muertes por altas temperaturas en el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MOMO), y que, subrayó, “van desde el 23 de septiembre de 2023 hasta el 4 de septiembre de 2024, y refleja que, durante este periodo en España, habrían fallecido, debido a las temperaturas, 4147 personas, de los que 408 corresponderían a Andalucía y, de estos, 57, 29 hombres y 27 mujeres, a la provincia de Córdoba”. Según indicó Sarmiento, 24 de esos fallecidos en nuestra provincia eran personas mayores de 65 años, y de 18 a 65 años, en edad de trabajar, fueron 5 las personas fallecidas en Córdoba durante este período debido a las temperaturas.
Frente a estos datos, Sarmiento alertó de la necesidad de respetar la legislación y añadió que “cuando se producen alertas naranjas o rojas el empresario está obligado por ley a adoptar las medidas necesarias para evitar accidentes por estrés térmico” e insistió en que, en Córdoba, como en el conjunto de Andalucía, “debido al cambio climático, se amplía el periodo en el que las altas temperaturas superan incluso a la estación veraniega”, por lo que pidió que se adopten todas las medidas, se respete la legislación. Asimismo, Sarmiento lanzó el mensaje de que, ante cualquier duda, “los trabajadores y trabajadoras, de manera confidencial, se pueden dirigir al sindicato para que, en primer término, y de forma dialogada, nos dirijamos a la empresa correspondiente que se encuentre incumpliendo la normativa para que, de esta forma, las mismas respeten la legislación establecida”. El secretario provincial de Salud Laboral de UGT concluyó que, en el caso de que las empresas no adoptaran, en ese momento, las medidas necesarias, el sindicato procedería a poner en conocimiento de las autoridades los incumplimientos para su solución por la vía legal.
