El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha mostrado firme en su decisión de continuar al frente de la institución, tras apreciar que cuenta con el apoyo mayoritario de la Junta de Fiscales de Sala, si bien alrededor de la mitad de los fiscales que han intervenido le han reclamado su dimisión.
Este miércoles, García Ortiz se ha convertido en el primer fiscal general imputado por el Supremo en democracia, por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Junta, que suele tratar cuestiones más técnicas, no se ha convocado a modo de plebiscito ni para lograr apoyos puesto que no se ha planteado en ningún momento una votación al uso, al contrario, es "meramente explicativa o informativa", según informan fuentes fiscales, que recuerdan que este órgano que reúne a la cúpula fiscal está compuesta por 35 fiscales de Sala, incluido García Ortiz.
El primero en tomar la palabra ha sido el fiscal general, que se ha mostrado firme en su decisión de continuar en el cargo en defensa de la propia institución, pese a la presión de una parte de la carrera fiscal, la más conservadora, para que deje el cargo.
En una breve intervención de apenas 15 minutos, ha defendido su actuación y ha trasladado que él no fue quien filtró los correos a los medios antes de la nota informativa y que, en todo caso, se tiene que probar su culpabilidad.
Sus explicaciones las han escuchado 30 de los 35 fiscales que componen la Junta, puesto que cinco no han podido asistir. Las primeras intervenciones han sido de apoyo y han venido mayoritariamente de fiscales que han accedido al máximo escalafón de la carrera con él o con su antecesora, Dolores Delgado. Entre ellos, el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, y el fiscal jefe del Constitucional, Pedro Crespo.
Después, un grupo de fiscales de sala que se mantiene enfrentado a García Ortiz por su decisiones sobre la amnistía y ciertos nombramientos, que son también los mas veteranos de la Junta, han reclamado que dimita por el bien de la institución tras ser imputado por el tribunal más alto del Estado por un delito que conlleva hasta cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación.
Entre ellos, los cuatro fiscales del 'procés' - Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno- el exmagistrado del Constitucional y fiscal del Supremo, Antonio Narváez; la fiscal de delitos informáticos, Elvira Tejada; el fiscal de sala de Menores, Javier Huete; y José Miguel de la Rosa.
Se da la circunstancia de que Zaragoza y Madrigal - esta última ayer mismo- ya habían pedido públicamente su dimisión por estos hechos.
Al no haberse sometido su continuidad a votación, los números y las interpretaciones bailan según las fuentes consultadas. Han intervenido 23 fiscales, seis no han tomado la palabra y cinco estaban ausentes.
De los que han intervenido, unas fuentes señalan que 10 fiscales han respaldado su continuidad al frente de la institución, ocho han reclamado su dimisión y otros cinco se han mostrado más ambiguos en sus discursos.
No obstante, otras fuentes precisan que han sido 10 los apoyos, 11 los fiscales en contra y dos que sin manifestar explícitamente que no debe continuar en el cargo, sí han alertado de las consecuencias que eso implica para la institución, es decir, que ese respaldo mayoritario resulta ambiguo.
En la Junta de Fiscales de Sala, que reúne a la cúpula de la carrera, hay una mayoría de 16 asociados a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de la que García Ortiz fue su portavoz, otro nueve asociados a la Asociación de Fiscales, de corte conservadora y los más críticos con el fiscal general. Una decena no están asociados.
