El Gobierno de España ha asegurado que el incendio registrado en julio en la base militar de Cerro Muriano en Córdoba "no ha afectado a terrenos patrimoniales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) asociados a los embalses de Guadalmellato ni de Guadanuño", todo ello tras preguntar Vox sobre ello en el Congreso de los Diputados.

Según expone el Ejecutivo en sus respuestas, "hasta el momento actual, no se ha observado afección alguna en ninguno de los dos embalses", de modo que, "en consecuencia y al no haberse visto afectadas las coronas rústicas asociadas a los embalses, no se prevén actuaciones en las mismas".

Por otro lado, destaca que "las medidas que se lleven a cabo deberán ser aplicadas por el titular del terreno quemado, por el responsable del origen del incendio, o por la administración competente", a la vez que señala que "la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir actúa preventivamente en los montes públicos de su titularidad asociados a la protección de los embalses".

En el caso de incendio, comenta que "se valora en función de la superficie quemada, tipología de arbolado, situación final, etc, llevándose a cabo las actuaciones que correspondan, como pueden ser corta de los árboles quemados, formación de albarradas de retención --represas con troncos de árboles-- en los barrancos, picado de los restos vegetales para formación de acolchado del suelo --'mulching'-- y reforestación". Dichas actuaciones se valoran en cada caso por los técnicos del área de aplicaciones hidrológico-forestales del organismo de cuenca.

Además, el Gobierno apunta que una de las líneas de actuación de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 2023-2030, aprobada el día 19 de julio de 2023, es el desarrollo de actuaciones específicas de restauración fluvial como medida fundamental para la recuperación ambiental y de adaptación a los fenómenos extremos.

Para ello, se establece, entre otras medidas, el programa específico de restauración de los corredores fluviales afectados por grandes incendios forestales, de conformidad con el Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales, con el fin de mitigar los efectos adversos que estos episodios catastróficos tienen sobre los sistemas fluviales provocando, entre otros, la desaparición de la vegetación de ribera, el aumento de la carga sedimentaria que llega al río por el arrastre de materiales desde las laderas afectadas por el fuego o la disminución de la calidad del agua.

Mientras, el diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez del Río, mostró en julio su "preocupación" por las consecuencias que puede tener en los dos citados pantanos el incendio de la base de Cerro Muriano en el que se vieron afectadas 2.100 hectáreas.

Según expuso, habían comprobado que "el incendio había llegado hasta las proximidades de los pantanos", de ahí las preguntas a la mesa del Congreso sobre "de qué manera se han podido ver afectados los pantanos".

Además, Ramírez del Río registró en la mesa del Congreso una batería de preguntas para conocer "qué medidas va a aplicar el Ejecutivo para evitar la contaminación, con cenizas y con otros restos, del incendio de Cerro Muriano, de los pantanos afectados".

También, cuestionó "qué presupuesto tiene asignado el Gobierno para asegurar la retirada de residuos de incendios para evitar que se contaminen los acuíferos y los pantanos en el territorio nacional, y en concreto la partida presupuestaria destinada a la provincia de Córdoba".

Asimismo, explicó que quieren conocer desde Vox "qué protocolo se aplica a las zonas que han sufrido un incendio, como en el caso de Cerro Muriano, y cuyos restos pueden contaminar el agua". "En Córdoba hemos sufrido ya en varios pantanos la contaminación de agua por otro tipo de cuestiones y han sido muchos los cordobeses que durante meses no han podido consumir agua potable", subrayó.

Según expuso el diputado, "esta cuestión es evitable y, por tanto, desde Vox vamos a fiscalizar todos estos procedimientos para intentar que no se repitan este tipo de situaciones y el Gobierno central asuma las competencias necesarias en este tipo de actuaciones".