La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha estudia la viabilidad de los proyectos de las empresas licitadoras para dar servicio al transporte de emergencias sanitario de la región, a la que se han presentado hasta ocho candidatas, algunas de ellas, con causas abiertas por presunta corrupción ante la justicia.
El más polémico es el lote de Albacete, que reúne a dos empresas con piezas judiciales relacionadas con supuestos casos de corrupción, y que aún están pendientes de resolver. Es el caso de Ambulancias Egara y la Unión Temporal de Empresas, formada por Direxis Salud y Ambulancias Autónomas, según fuentes conocedoras de la licitación.
La primera de ellas se enfrenta a una pieza separada del 'caso 3%' de presunta corrupción en Cataluña que se instruye en la Audiencia Nacional, y que esta semana ha entrado en fase decisiva, con la declaración de nuevos testigos. La causa investiga si Ambulancias Egara cometió irregularidades en la anterior licitación de transporte sanitario en Cataluña, finalizada en 2015.
Esta investigación, conocida como “caso ambulancias”, se enmarca en el 'caso 3%', sobre presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de sus fundaciones y contratos públicos. Este proceso judicial ha llevado a que los antiguos tesoreros del partido a juicio, mientras otras piezas relacionadas siguen bajo investigación, como es el caso.
Entre las aproximadamente 30 personas que han pasado por el tribunal para declarar el último mes está Juan Diego Gallardo, empresario catalán del sector de las emergencias, por su presunto papel como intermediario en el contacto entre Ambulancias Egara y el exsecretario de Comunicación del Govern catalán David Madí.
La segunda licitadora para el servicio de ambulancias de Albacete, Ambulancias Autónomas SL, formó parte de la UTE Ambulevante, amonestada por la Unión Europea por sus supuestos lazos con el Partido Popular a la hora de acceder a un contrato en la Comunidad Valenciana.
Esta UTE recibió las críticas por parte de la Asociación de Grandes Empresas de Transporte Sanitario (Agetrans) y la Asociación de Empresas de Transporte Sanitario de Levante porque el director, de la también incorporada en dicha UTE, Ambulancias CSA, Ángel Garzón, además ostentaba el cargo de secretario de Logística en comité ejecutivo local del PP de Castellón.
El proceso fue muy polémico porque el juez del caso Innova, un caso de presunta corrupción política surgido en 2012, imputó a uno de los socios de la empresa ganadora del mayor concurso público de la Generalitat Valenciana, Bernardo Coslado (Ambulancias CSA) por presuntos de delitos de soborno, tráfico de influencias y delito societario para contrataciones.
Actualmente, el juicio del caso Innova, que debía arrancar en mayo, se ha retrasado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) hasta 2025 a petición de uno de los acusados, que alegó en su momento motivos de salud.
CONCURSO PÚBLICO
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó a finales de septiembre la licitación para la adjudicación del servicio de transporte sanitario terrestre en las cinco provincias de la Comunidad durante los próximos cinco años, por un valor estimado de más de 540,5 millones de euros para los lotes de las cinco provincias. En concreto, el de Albacete se estima en 115.955.861,90€ para el servicio de los próximos cinco años.
Se trata de uno de los concursos públicos más elevados de la Consejería de Sanidad, y que se lleva a cabo a través de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). El pliego, según detalla el responsable desde la Consejería de Sanidad, pretende dar respuesta al compromiso del Gobierno regional con la calidad y efectividad de esta prestación.
El contrato marco incluye la inclusión de al menos 658 ambulancias, que deberán incluir una serie de mejoras notorias en relación con el contrato anterior de la entidad regional.
