El portavoz del gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha destacado este martes que el plan de ajuste local "se cumple en todos los términos" y ante ello valora la situación de equilibrio financiero en la que se encuentra el Consistorio, tras tomar conocimiento en la sesión del Pleno Ordinario del informe de la Intervención General sobre el seguimiento de dicho plan.

   En este sentido y acompañado por la portavoz del PP en el Consistorio, Torrico se ha referido al informe de Intervención sobre los planes de reequilibrio financiero que algunas empresas municipales, como Aucorsa y Cecosam, "van a tener que afrontar", como consecuencia de la aplicación de la nueva Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

   En el caso de Aucorsa, ha comentado que "tiene hasta el 31 de diciembre de 2015 para alcanzar el reequilibrio financiero", después de que la situación de la que se partía cuando el PP llegó al gobierno local en 2011 "era de un déficit de tres millones de euros, que a día de hoy se ha reducido a 700.000 euros", motivo por el que considera que "gran parte del camino está recorrido y parte del que queda por recorrer va a ser perfectamente posible y no va a poner en riesgo ni el futuro de la empresa, ni el servicio que presta, ni el resto de servicios municipales".

   Al respecto, el también concejal de Presidencia ha detallado que "habrá que hacer una ayuda superior por parte del Ayuntamiento", pero, según ha resaltado, "la situación está completamente asegurada en su viabilidad para el futuro inmediato".

   En cuanto a Cecosam, ha recordado que "se trabaja en las medidas para alcanzar el reequilibrio financiero", al tiempo que ha destacado que ambas empresas municipales "sí ejercen una actividad económica, tal y como se prevé en la ley".

   Aparte se encuentra la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), donde "se estudia si debido a que algunos ayuntamientos del entorno entienden que no ejerce actividad económica como tal y no es necesaria la aplicación del plan de equilibrio", algo que se ha consultado al Gobierno para ver "si es aplicable o no la necesidad de realizar el plan".

   En este sentido, indica que "si fuera necesario se pondrá en marcha con toda normalidad el plan en función de la ley", y que en este caso de la GMU "exigiría que antes de 31 de diciembre de 2014 sus cuentas estén en equilibrio presupuestario", de lo contrario, apunta Torrico, "se decretaría su disolución". Aunque, según aclara, "a día de hoy ese marco es lo último que contemplamos", y por ende se muestra "convencido de que ni de lejos se va a dar" dicho escenario.

   Entretanto, el portavoz del gobierno local defiende que el resto de empresas y organismos municipales están "en correcto equilibrio financiero", de manera que el Ayuntamiento está "en una posición mucho más saneada que hace dos años y medio", todo ello con "la colaboración de los sindicatos y los trabajadores" para un trabajo en una situación que era de "inminente colapso financiero" y se ha pasado a una situación de "viabilidad global del Ayuntamiento, sus empresas y organismos autónomos", ha apostillado.

CAMBIO EN LA GMU

   Por otra parte, el Pleno de febrero ha aprobado la sustitución del concejal de Empleo, Turismo y Agricultura, Rafael Navas, por la edil de Infraestructuras, Laura Ruiz, en el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo, a petición de Navas "por caga de trabajo", dado que preside parte de las empresas locales y participa en varios consejos de administración, y ha pedido que Laura Ruiz, que tiene un área relacionada con la actividad de la GMU, sea la que ocupe su puesto, algo que "tiene toda la lógica", ha señalado el portavoz del gobierno municipal.

   Además, en la sesión plenaria ha recibido el visto bueno el dictamen del consejo de la GMU para la aprobación definitiva de la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en relación a las normas urbanísticas para edificaciones existentes en los procedimientos de reconocimiento de la situación del Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO), de cara a regularizar parcelaciones que se podrán inscribir en el Registro de la Propiedad, además de tener acceso a servicios básicos, como el agua o la electricidad.