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Miércoles 27/11/2024
 

Córdoba

El PSOE dice que si al delegado de Empleo se le imputa un delito por las Utdlt no será candidato

Durán, ha querido "dejar claro que, si se concreta, de alguna manera y sobre alguna persona, algún tipo de imputación de un delito y eso lleva aparejado la apertura de un juicio"

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  • Juan Pablo Durán -

El secretario general del PSOE en Córdoba, Juan Pablo Durán, ha dicho este martes que si al delegado Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, José Ignacio Expósito, que ha sido citado a declarar este martes en calidad de imputado por el Juzgado de Instrucción número uno de Córdoba respecto a su gestión de las Utdlt en la provincia, se le imputa finalmente en relación con la presunta comisión de un delito, cosa que no ha ocurrido aún, entonces no podrá ser candidato del PSOE a la Alcaldía de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).

   En concreto y en rueda de prensa, Durán, ha querido "dejar claro que, si se concreta, de alguna manera y sobre alguna persona, algún tipo de imputación de un delito y eso lleva aparejado la apertura de un juicio" por ello, en ese caso "no irá en ninguna candidatura" del PSOE, sin que haya "ninguna excepción para nadie".

   Sin embargo, Durán ha dicho esperar que ello "no ocurra" y, en este sentido, ha recordado que Expósito, como el anterior delegado de Empleo de la Junta en Córdoba, Antonio Fernández, ha sido citado a declarar en el marco de una investigación judicial abierta de forma general en todas las provincias andaluzas, a instancias de la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía, tras la denuncia interpuesta en su día por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), a raíz de un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la gestión en los consorcios de las citadas Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt).

   De hecho, según ha precisado Durán, se ha citado "a todos los que han tenido algún tipo de responsabilidad" en la gestión de las Utdlt, de forma que "no solo se ha citado", por diversos juzgados y en distintas provincias andaluzas, "a los directores generales y a los delegados provinciales, sino también a los alcaldes y concejales de los ayuntamientos" integrados en las Utdlt, para verificar si se ha incurrido o no en algún tipo de responsabilidad penal en cuanto a la gestión de los consorcios de las extintas Utdlt.

SOLO "MES Y MEDIO"

   En este punto, el líder del PSOE cordobés ha recordado que Expósito accedió al cargo "el 2 de agosto de 2012, prácticamente con el acuerdo tomado por los consejos rectores (de los consorcios de las Utdlt) para la eliminación de los contratos de los antiguos ALPE (Agentes Locales de Promoción de Empleo) que trabajaban en las Utdlt y sobre el cierre" de las propias Utdlt, de forma que "prácticamente fue un mes y medio lo que duraron abiertas" desde que Expósito llegó al cargo.

   En consecuencia, Durán ha dicho esperar que, "en su caso, no tenga ningún tipo de consecuencias, más allá de que tenga que ir acompañado por un letrado" a prestar declaración al juzgado, insistiendo en que esta citación hay inscribirla como una consecuencia de la denuncia del SAF, la cual, según publica este martes 'El Día de Córdoba', llevó a que la Fiscalía Superior de Andalucía ordenase "seguir adelante con la investigación penal abierta por la denuncia del SAF", que solicitó que se investigara el contenido del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre ayudas concedidas a consorcios y que se esclarecieran posibles irregularidades.

   El SAF ya explicó que la Fiscalía Superior de Andalucía dictó un decreto de remisión que ordenaba continuar con la investigación en cada una de las provincias afectadas. Según el fiscal, durante los años 2010, 2011 y 2012 el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) concedió ayudas por valor de 57,3 millones de euros a los 95 consorcios Utdlt de Andalucía, de los que ocho son de la provincia de Córdoba.

   Además, en el informe previo de la Cámara de Cuentas se concluye que "un dos por ciento de las personas seleccionadas no estaban inscritas en el SAE como demandantes de empleo" y que en un 48% de los casos no había mediado convocatoria pública. Es más, "los directores recibían incentivos, indemnizaciones y salarios de miles de euros".

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