El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la modificación de la Ley de Metrología, al considerar que invade competencias autonómicas y que "abre la puerta" a la privatización de los servicios de control de pesas y medidas.
Se trata de la tercera norma estatal que recurre el Gobierno andaluz desde que tomó posesión hace cien días, mientras que desde 2012 ha recurrido diecinueve leyes.
Andalucía, junto con Asturias y Navarra, son las únicas comunidades autónomas que prestan directamente este servicio, a través de una empresa pública, que tiene un impacto social "importante", según ha dicho en conferencia de prensa el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez.
"Es un tema que afecta al día a día de los ciudadanos, desde repostar gasolina hasta comprar fruta", ha dicho el portavoz, que ha subrayado que dicha normativa tiene además un "alcance ideológico" porque se produce "un claro intento de privatización encubierta del servicio de control metrológico".
La Junta recurrirá, en concreto, cuatro artículos y una disposición transitoria, que "limitan una competencia básica en el modelo del Estado, como es la autoorganización de las comunidades autónomas", ha argumentado Vázquez.
Ha denunciado, además, que dicha ley "impone" su forma de aplicación por parte de las comunidades autónomas e incluso regula los organismos competentes para llevar a cabo el control.
"Conduce a una desregulación que perjudica al ciudadano; no compartimos la privatización de un servicio público que funciona en Andalucía", ha remachado.
En Andalucía, la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía, SA (Veiasa) es la encargada de prestar este servicio, junto al de las inspecciones técnicas de vehículos.
Veiasa cuenta con una plantilla de 75 técnicos, junto a ocho laboratorios provinciales y uno central, y el pasado año realizó casi 60.000 actuaciones de control.
