Adolfo García Fernández cerró este martes en el Parlamento de Andalucía la primera fase de comparecencias ante la comisión que investiga el supuesto fraude en los cursos de formación convocados por la Junta. Exinterventor general entre junio de 2012 y el pasado mes de febrero, cuando dimitió por sorpresa, su testimonio era el más esperado. Ante los representantes de todos los grupos políticos fue contundente: de los informes remitidos durante su mandato por los interventores provinciales, que han aportado sus versiones desde el viernes, se deduce que hubo un serio “riesgo” de “menoscabo” de fondos, pero el fraude y el perjuicio a las arcas públicas no cree que esté demostrado. En todo caso eso debería, a su juicio, acreditarlo el Tribunal de Cuentas.
Quedaría confirmado, por tanto, el “descontrol” y las irregularidades denunciadas por los interventores provinciales, pero el que fuera su superior inmediato dice desconocer “su origen” pese a que las denuncias obligaron incluso a elaborar un informe de actuación con recomendaciones. En sus respuestas, se desmarcó del interventor de Huelva, que el lunes habló abiertamente de “menoscabo” y negó que su adiós voluntario esté relacionado con el caso. El PP censuró la “tibieza” de sus argumentos.
Pese a reconocer el carrusel de fallos en la gestión de los fondos, García llegó incluso a alabar la actuación correctora de la Junta, que elevó a “contundente e inmediata”. “Tenemos que vanagloriarnos de la respuesta”, subrayó. Más contundente se mostró la interventora en Sevilla, Victoria López, que dio por hecho que la Administración autonómica no actuó “con la diligencia debida en cuanto a la verificación de las justificaciones” de las ayudas.
Mientras, el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, relegaba a “opinión” la tesis de los interventores que creen probado el menoscabo pese a alegar que “son parte de la Junta” y defendió el “procedimiento” utilizado. A la falta de control contribuyó, aseguró, la falta de personal, entre otras cosas por los recortes del Gobierno central.
El PP carga contra el caso Insersola
La secretaria general del PP andaluz, Dolores López, denunció que la firma onubense Insersola, que ha tenido vínculos comerciales con el PSOE en los últimos años, ha recibido al menos 5 millones de la Junta en ayudas a ERE, cursos de formación y avales, tres procedimientos bajo investigación judicial. La Junta negaba horas después “trato de favor” y alegaba que tanto el PSOE de Huelva como la empresa niegan los datos.
