La Delegación Territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Córdoba ha formado a más de medio centenar de empleados públicos, de distintas administraciones y con competencias en materia de consumo, sobre las cláusulas abusivas en la contratación, en unas jornadas organizadas por el Servicio de Consumo en las que, entre otras cuestiones, se han abordado las novedades jurisprudenciales en tema bancario.
A este respecto, la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Córdoba, María Ángeles Luna, ha justificado la necesidad de esta acción formativa en el hecho de que "durante las últimas semanas hemos asistido a cambios relevantes en determinadas cuestiones, que afectan de lleno a los consumidores".
Este es el caso, según ha señalado, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, "que es la elevación a escritura pública de un elemento esencial de los préstamos hipotecarios, que se aplica a escrituras, actas y testimonios notariales, letras de cambio y anotaciones preventivas practicadas en registros públicos", un tema que, para Luna, es de "interés para el conjunto de consumidores".
Así, la delegada ha explicado que, "en virtud de la sentencia hecha pública en febrero de 2018, el Tribunal Supremo (TS) establecía que era la persona prestataria (el cliente) la que debía proceder al abono del impuesto y no la entidad prestamista (el banco), aunque después, con fecha del 16 de octubre de 2018, el TS dictaminaba, en virtud de la sentencia 1505/2018, que debía ser la entidad prestamista la que procediera a abonar" el mencionado impuesto, y no el cliente.
Sin embargo, según ha recordado la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, "finalmente, con fecha del pasado 6 de noviembre, el Supremo decidía que el impuesto debe ser abonado por la clientela y no por las entidades prestamistas".
En esta línea, Luna ha puesto de manifiesto que "el Real Decreto-Ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aplicable desde el pasado 10 de noviembre" implica, más allá de las referidas resoluciones judiciales, que "en todas las hipotecas que se escrituren" a partir de ahora, "será la entidad prestamista la que deba pagar" el impuesto.
Luna ha aclarado que, "si por la circunstancia que fuera, dicha entidad no accediera a ello", el cliente "podrá interponer la oportuna reclamación ante la mencionada entidad", cuestión ésta, junto con todo lo anterior, que tiene que ser tenida en cuenta por los empleados públicos con competencias en materia de consumo.
Por ello, la delegada ha insistido en que "estamos ante un panorama cambiante, que va a generar incertidumbre y dudas en muchos consumidores", a los que, en consecuencia, ha animado a que "acudan a los servicios de consumo de la Junta de Andalucía a pedir consejo o asesoramiento".
Al respecto, ha recordado que la Junta ofrecen sus servicios y asesoramiento "a las personas consumidoras de forma gratuita y continuada en el teléfono 900 215080, también a través de las nuevas tecnologías en la web de Consumo Responde (www.consumoresponde.es), o a través del Servicio Provincial del Consumo".
Las ponencias formativas que han recibido los empleados públicos han sido impartidas por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Izquierdo; la jefa de Sección de Procedimiento e Informes del Servicio de Consumo de Málaga, María del Mar Mejías; la magistrada juez de Adscripción Territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), María Victoria Fernández de Molina, el abogado Eugenio Ribón y el catedrático de Derecho Civil de la Universidad Castilla-La Mancha, Manuel Jesús Marín.
