Tras la pandemia se nos viene encima una crisis económica de considerables proporciones, son muchos los sectores afectados: el turismo, la hostelería, el ocio, los centros comerciales, la construcción en menor medida, etc., en pocos días las empresas han puesto en la calle a miles de trabajadores y una gran parte de los autónomos, que generan el 70% del empleo en nuestro país, han paralizado su actividad y muchos dudan si volverán a reanudarla en el futuro.
Millones de ciudadanos se han quedado o se van a quedar sin recursos económicos y hay un consenso generalizado, la mayoría de españoles y los partidos políticos están de acuerdo en que el estado debe ayudar económicamente a todas las familias desahuciadas.
En este sentido, hace unos días se nos anunciaba como inminente un Decreto Ley que abordaría estas ayudas titulándolas con el nombre de Salario Mínimo Vital. El Partido Socialista ha frenado la salida de este Real Decreto quizás porque quiera que este asunto forme parte de las conversaciones y los pactos que está proponiendo al resto de los partidos políticos, empresarios y sindicatos. Pero quizás han frenado la salida del Real Decreto debido a que tras esta buena intención del Salario Mínimo Vital se esconde un ánimo de protagonismo político que nos puede meter a todos en un callejón sin salida. No se puede sacar un Decreto de tal magnitud económica sin ni siquiera haber estudiado las contradicciones y matices que pueden surgir.
El Estado debe ayudar a todos los que se van a quedar sin recursos económicos, ahora lo importante es hacerlo cuanto antes, pero legislando con la rigurosidad que merece este asunto, partiendo de la experiencia que ya tenemos en subsidios como éste que se quiere implantar.
Sobre los efectos negativos que puede tener para Andalucía un Real Decreto sobre este Salario Mínimo Vital que esté mal concebido, de esto sabemos mucho los andaluces que llevamos 45 años conviviendo con el subsidio especial de desempleo, el denominado Plan de Fomento del Empleo Agrario.
Algunos, por nuestro trabajo en muchos pueblos de Andalucía, somos conocedores de los aspectos negativos de nuestro PER y con lo que voy a decir, están de acuerdo los empresarios locales, los líderes sindicales, los alcaldes, los concejales y casi todo el mundo en los pueblos.
Alrededor de ese subsidio, los que lo reciben montan su economía familiar sumando ingresos de padres e hijos y estos ingresos se complementan con actividades puntuales de economía sumergida, de tal manera que la oferta legal de trabajo que existe en los pueblos es rechazada por estas familias; aceptar un trabajo les haría perder el “estatus del PER” y pasarían a ser simples trabajadores y no les atrae convertirse en autónomos por esa misma razón.
Esto nos permite entender que habiendo tanto paro en los pueblos, sin embargo no hay mano de obra disponible en los mismos. Es llamativo que las provincias andaluzas más liberadas del PER (Almería y Huelva) son las que económicamente más han avanzado en los últimos 30 años. En estas provincias los trabajadores saben que sus ingresos dependen de su actividad laboral y esto finalmente es bueno para ellos, para todos y sobre todo para los ingresos del Estado. El PER ha actuado como freno de desarrollo social y económico de Andalucia y a convertido a muchas personas en gente tramposa instalada en el subsidio y en actividades de economía sumergida.
Los políticos que decidan quitar el PER tendrán menos votos, es quizás por esta razón que a pesar de reconocer personalmente todos el mal funcionamiento de este subsidio, nadie se atreve a reformularlo.
A mi entender, las ayudas a trabajadores y autónomos que salgan reguladas en ese Real Decreto del Salario Mínimo Vital deberían partir del principio de que lo que es mejor para un trabajador es tener trabajo, que es malo dejar la puerta abierta a la posibilidad de instalarse de por vida en el subsidio; esta forma de proceder es a la que los andaluces llamamos “encalomarse”. Esto nos haría caer en los errores que hemos comentado y cuyos efectos ya conocemos.
Los que recibimos una paga sabemos que las relaciones laborales son cosa seria y que no podemos faltar al trabajo ni un día. El que reciba el subsidio debe tener claro que esto es transitorio y que asume un compromiso con el Estado, y con el resto de los españoles, de que cuando se le llame a trabajar no puede negarse a aceptar el empleo. Lo importante en el horizonte es que todos tengamos empleo, no que todos vivamos del subsidio.
A la hora de legislar debemos asumir que estamos en la Unión Europea, por supuesto, pero eso sí, que habrá que tener en cuenta que la percepción que cada persona tiene de lo que es un comportamiento socialmente justo, el grado del compromiso en lo colectivo no es el mismo en Estocolmo que en Utrera.
